Carlos Manzo, el décimo alcalde asesinado en el sexenio de Sheinbaum

La violencia en México ha alcanzado niveles que desafían toda comprensión. Ya no existen cargos ni posiciones que otorguen seguridad. Ni siquiera las figuras de autoridad (aquellas que deberían representar el orden, la legalidad y la esperanza de sus comunidades) están a salvo de la brutalidad del crimen organizado.

En lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum, al menos diez presidentes municipales han sido asesinados en distintas partes del país. Diez vidas que simbolizan no sólo tragedias personales, sino también el colapso de un Estado que, en amplias regiones, parece haber cedido el control a las fuerzas de la impunidad.

El caso más reciente ocurrió anoche, 1 de noviembre, cuando Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado a tiros durante la inauguración del Festival de las Velas, frente a miles de personas en la plaza principal. En el ataque también resultaron heridos un regidor, una empleada municipal y uno de sus escoltas. Dos hombres armados irrumpieron entre la multitud y abrieron fuego sin importar el caos ni las vidas inocentes a su alrededor.

Apenas unos días antes, el 20 de octubre, Miguel Bahena Solórzano, alcalde de Pisaflores, Hidalgo, fue abatido por sujetos que le dispararon desde una motocicleta. Murió antes de recibir atención médica.

El 15 de junio, la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, Lilia Gema García Soto, fue ejecutada con más de 60 disparos de armas de alto calibre. Un comando armado irrumpió en el palacio municipal para asesinarla. No pertenecía a ningún partido político. Su muerte, como la de muchos otros, fue rápidamente absorbida por la rutina del horror nacional.

El 5 de junio, Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, fue asesinado cuando llegaba a su domicilio. Su escolta también perdió la vida. Días antes, el 3 de junio, la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, fue acribillada con 19 disparos mientras salía de un gimnasio. La célula local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó el crimen.

El 28 de mayo, Isaías Rojas Ramírez, presidente municipal de Metlatónoc, Guerrero, fue atacado mientras viajaba con su esposa por la Autopista del Sol. Murió días después en el hospital. En la región hubo protestas, pero ninguna garantía de que algo cambie.

En Oaxaca, el 15 de mayo, Mario Hernández García, alcalde de Santiago Amoltepec, fue emboscado y asesinado junto a su chofer y un policía municipal.

El 15 de diciembre de 2024, Jesús Franco Lárraga, edil de Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue atacado a tiros en la Huasteca; murieron tres personas más.

Exactamente, dos meses antes, el 15 de octubre de 2024, Román Ruiz Bohórquez, alcalde de Candelaria Loxicha, Oaxaca, fue asesinado con arma blanca en su municipio.

Y el nombre que inició esta lista, el 6 de octubre de 2024, Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, fue hallado decapitado dentro de su vehículo, apenas seis días después de haber asumido el cargo. El caso que llegó a medios internacionales. 

Estos nombres (diez historias truncadas) son parte de una estadística que ya no debería sorprender, pero sí alarmar. Cada asesinato de un presidente municipal es una herida profunda al Estado mexicano, un golpe directo a las instituciones locales que sostienen la vida cotidiana en cientos de comunidades.

La violencia no sólo arrebata vidas; destruye la confianza, paraliza la participación política y deja a los pueblos en manos de poderes fácticos. Hoy, ejercer un cargo público en México, sobre todo en regiones controladas por el crimen organizado, es una sentencia de riesgo.

Mientras las autoridades federales prometen estrategias y "coordinación interinstitucional", el país se desangra desde sus municipios. La pregunta que queda en el aire es tan urgente como dolorosa:

¿Quién querrá gobernar donde gobernar significa morir?