Caso Narvarte: 10 años sin justicia ni respuestas

Una década después del multihomicidio en la colonia Narvarte, familiares de las víctimas exigen justicia frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la misma institución que (aseguran) les ha dado la espalda durante diez años.

El 31 de julio de 2015 fueron encontrados sin vida el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz. Desde entonces, el caso sigue sin esclarecerse.

Patricia Espinosa, hermana de Rubén, señala que tres gobiernos federales han pasado y ninguno ha hecho justicia. Acusa a las autoridades de manipular pruebas y de no agotar ninguna línea de investigación. En una manifestación reciente, escribió la palabra "justicia" en las paredes de la fiscalía y criticó la falta de atención del actual gobierno, al que calificó como "cómplice del silencio".

El pasado 21 de julio, Patricia envió una carta a la presidenta de México para exigir una reunión con las familias de las víctimas y la reactivación del caso. Recordó que cuando la mandataria fue jefa de Gobierno prometió recibirlas, pero esa promesa no se cumplió. La misiva también destaca que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras.

Durante el acto, también participaron integrantes de la organización Artículo 19. Su director para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, denunció que desde el inicio del caso hubo una estrategia de encubrimiento por parte de las autoridades, al evitar investigar la posible responsabilidad del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su administración, que previamente había perseguido a Rubén Espinosa y Nadia Vera.

Maldonado también señaló que existen documentos y reportes periodísticos que vinculan al gobierno de Veracruz con violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo asesinatos de periodistas, tortura, feminicidios y desapariciones. Uno de los nombres más mencionados es el del entonces secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, quien hasta ahora no ha enfrentado consecuencias legales.

Otra de las preocupaciones de los colectivos es la continua criminalización de las víctimas. Maldonado advirtió sobre el uso de filtraciones malintencionadas y discursos en medios para desacreditar a quienes fueron asesinadas, lo que entorpece aún más el acceso a la verdad y la justicia.

Finalmente, expresó su inquietud ante la reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente López Obrador y respaldada por la actual administración, pues considera que podría agravar la situación del sistema de justicia. "Las víctimas le estorban al proyecto político actual como le estorbaron a los proyectos políticos anteriores", concluyó.