Censura disfrazada: México acumula 51 casos en 2025

La organización internacional Artículo 19 encendió las alarmas este martes al denunciar que en México se está utilizando la ley como herramienta para silenciar a periodistas y medios de comunicación.

En su informe "Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México", reveló que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos de acoso judicial contra 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios. Esto equivale, en promedio, a una nueva demanda cada cuatro días, una cifra nunca antes vista en el país.

El acoso judicial, conocido a nivel internacional como SLAPP (litigios estratégicos contra la participación pública), no siempre busca ganar en tribunales, sino desgastar a los comunicadores.

"La estrategia es clara: entablar procesos civiles, penales, electorales o administrativos que consuman tiempo, dinero y energía, hasta forzar la autocensura", advierte el informe. En otras palabras, es como obligar a un corredor a participar en una carrera interminable: aunque nunca pierda, el desgaste lo obliga a detenerse.

Uno de los mecanismos más usados, señala Artículo 19, es la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG), pensada originalmente para proteger a las mujeres de discriminación, pero que ahora se usa para callar críticas. De los 51 casos, 25 fueron bajo esta figura, con consecuencias que van desde la eliminación de contenidos hasta la imposición de disculpas públicas. "Convertir una herramienta de protección en un arma de censura es inaceptable", subraya la organización.

El fenómeno no está aislado. Se ha documentado en 17 estados del país. Veracruz lidera con 10 casos, seguido por Ciudad de México con 9 y Jalisco con 6. Entre los casos emblemáticos se encuentran la demanda por daño moral contra la periodista Lourdes Mendoza, presentada por el director del Metro capitalino, Adrián Rubalcava; los procesos contra Jorge Luis González en Campeche, donde un juez ordenó que sus textos fueran revisados antes de publicarse; y la demanda contra el columnista Hernán Gómez y la editorial Penguin Random House por el libro "Traición en Palacio".

Rubí Soriano, periodista independiente citada en el reporte, advirtió del peligro que representa este patrón: "Sentar el precedente de que una ley puede usarse para evadir críticas y cuestionamientos públicos es abrir la puerta a un control político disfrazado de legalidad".

Artículo 19 exigió al Estado mexicano frenar esta tendencia mediante reformas legales y pidió al Congreso eliminar figuras como la difamación y las calumnias del ámbito penal, por ser contrarias a estándares internacionales de libertad de expresión. Además, llamó a establecer límites claros al uso de la VPEG, para que no sea manipulada como herramienta de censura.

La organización alertó que, de continuar esta práctica, el periodismo crítico en México podría enfrentar un riesgo aún mayor: la normalización del uso del poder judicial como mecanismo de control político. "Si cada crítica puede convertirse en un juicio, el silencio terminará ganando", concluye el informe.