Che Ríos: Abuso policial podría escalar a Fiscalía por privación de libertad

DENUNCIAS Y POSIBLES DELITOS AGRAVAN EL CASO

JUAN JOSÉ RÍOS, SINALOA.- Lejos de apagarse, la controversia por la detención de una mujer que viajaba junto a su hijo con discapacidad en Juan José Ríos continúa escalando y ahora suma nuevas acusaciones, denuncias penales y severos cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades municipales.

Luego de que videos difundidos en redes sociales exhibieran el momento en que una mujer era sometida por varios agentes municipales, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable emitió un comunicado en el que defendió el actuar de sus elementos y aseguró que la intervención se realizó conforme a los protocolos establecidos.

Según la versión oficial, la actuación policial ocurrió después de que la ciudadana presuntamente mostrara una conducta agresiva contra personal femenino de la Unidad de Género, por lo que fue necesaria una intervención para controlar la situación.

La corporación negó categóricamente que hubiera existido abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza o actos de violencia durante el procedimiento, presentando evidencias ante fiscalía de lesiones provocadas por la intervenida.

LA AFECTADA ACUSA GOLPES Y VIOLACIONES A SUS DERECHOS

Sin embargo, la versión institucional contrasta con el testimonio de Guillermina Rubio, quien aseguró contar con imágenes y evidencias de las lesiones que sufrió durante los hechos.

La mujer afirmó que fue golpeada en repetidas ocasiones por agentes municipales durante el forcejeo y posteriormente mientras permanecía bajo custodia en barandilla.

Según relató, su única preocupación era proteger a su hijo Christopher (N), de 22 años de edad, quien padece parálisis cerebral y además cuenta con un diagnóstico de esquizofrenia, condiciones que, asegura, fueron ignoradas por los oficiales involucrados.

La afectada informó que ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía por el presunto delito de abuso de autoridad y otras posibles irregularidades derivadas de su detención.

SURGEN ACUSACIONES POR EL TRASLADO DEL VEHÍCULO

Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la versión relacionada con el aseguramiento del vehículo.

De acuerdo con el testimonio proporcionado por la madre del joven, fue el mismo joven quién relato que no fue una grúa la que trasladó la unidad al corralón.

Según lo narrado por Christopher (N) a sus familiares, habría sido un elemento policiaco quien abordó el automóvil y lo condujo personalmente mientras él permanecía dentro del vehículo.

La acusación ha provocado fuertes reacciones debido a las posibles implicaciones legales que podría representar una acción de esa naturaleza.

ABOGADOS ADVIERTEN POSIBLES DELITOS GRAVES

El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, señaló que, de comprobarse esa versión, podrían configurarse conductas que ameritan una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

El litigante explicó que cualquier afectación a la libertad personal o a la posesión de bienes debe estar plenamente sustentada por procedimientos legales debidamente documentados.

"La privación ilegal de la libertad es un delito grave porque lo privó de su libertad y prácticamente lo privó de su vehículo; entonces es robo y privación de la libertad de lo que lo pueden acusar a quienes participaron en ese hecho", explicó el presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco.

Asimismo, sostuvo que las autoridades municipales tienen la responsabilidad de aclarar lo sucedido y garantizar que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos.

CUESTIONAN PAPEL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Beltrán Verduzco también consideró que el caso rebasa la actuación individual de los agentes y alcanza a la administración municipal.

A su juicio, corresponde a la alcaldesa dar una explicación pública sobre los hechos y garantizar una investigación imparcial.

"Debe de dar la cara la presidenta municipal. Si la presidenta municipal está permitiendo que se atente contra los derechos humanos de las personas, entonces estamos ante una situación que debe de conocer el Congreso, porque ese abuso de autoridad que cometen los policías, pues lo está cometiendo la propia alcaldesa porque ella está a cargo de la Policía Municipal", concluyó.

Mientras tanto, la familia denuncia que hasta el momento no ha recibido documentación oficial que acredite el ingreso del vehículo a un corralón ni la retención formal de la licencia de conducir.

DENUNCIAN COBROS IRREGULARES

Otro de los señalamientos realizados por la afectada involucra supuestos cobros que habrían sido exigidos para recuperar su libertad.

La mujer aseguró que les hicieron firmar hojas de cuaderno donde se establecían pagos por diversas cantidades, incluyendo una presunta multa de cinco mil pesos y otra de dos mil pesos relacionada con la grabación de videos en la vía pública.

Según su versión, dichos documentos carecían de los comprobantes oficiales que normalmente emite una autoridad competente para sanciones administrativas.

EXIGEN RESPUESTAS

Mientras las investigaciones avanzan y continúan circulando nuevos videos del incidente, la familia mantiene la exigencia de recuperar su vehículo y la licencia retenida, argumentando que son indispensables para trasladar al joven a sus consultas médicas y tratamientos especializados.

El caso ha generado una intensa discusión pública en Juan José Ríos y ha puesto nuevamente bajo escrutinio el actuar de las corporaciones municipales, en espera de que las autoridades correspondientes esclarezcan los hechos y determinen si existieron o no responsabilidades legales.