Ciudades de EE.UU. demandan a Trump por fondos migrantes
Al menos tres gobiernos locales y condales de Arizona, Colorado e Illinois han presentado una demanda contra la Administración del expresidente Donald Trump, exigiendo el pago de 40 millones de dólares que les fueron asignados previamente por el Congreso para financiar albergues destinados a migrantes.
La acción legal fue interpuesta este viernes por el condado de Pima y las ciudades de Denver y Chicago, quienes reclaman que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les debe esta cantidad por servicios brindados a solicitantes de asilo procesados por la Patrulla Fronteriza durante 2024 y 2025.
Según los documentos presentados ante un tribunal del Distrito Norte de Illinois, el gobierno federal ha retenido aproximadamente 24 millones para Denver, 12 millones para Chicago y 4 millones para el condado de Pima.
Estos fondos forman parte de un paquete mayor, superior a los 600 millones de dólares, aprobado por el Congreso para atender la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Pima, Rex Scott, explicó que desde 2019 el gobierno federal venía entregando estos recursos a los gobiernos locales para garantizar la salud y seguridad pública en los albergues.
Sin embargo, denunció que la Casa Blanca modificó de manera abrupta las condiciones para el reembolso, lo que ha generado incertidumbre y dificultades para mantener operativos estos centros de acogida.
Entre los nuevos requisitos impuestos por la Administración Trump para liberar los fondos, se exige a los gobiernos locales proporcionar información detallada sobre los migrantes alojados, incluyendo sus nombres, números de identificación y el destino final después de abandonar los refugios.
Esta condición ha sido criticada por las autoridades locales, que consideran que pone en riesgo la privacidad y seguridad de las personas migrantes
Además, la Casa Blanca decidió cancelar los programas de apoyo económico que financiaban estos albergues, lo que ha provocado el cierre de varios de ellos, incluyendo dos ubicados en el sur de Arizona.
Esta situación ha generado preocupación entre las comunidades y organizaciones que trabajan en la atención humanitaria, ya que limita la capacidad de respuesta ante el aumento de personas en situación vulnerable en la frontera.
Los demandantes han señalado que, a pesar de múltiples solicitudes, el DHS no ha dado una respuesta clara sobre el cumplimiento de sus obligaciones financieras, lo que ha motivado la presentación de esta querella para exigir el pago de los recursos comprometidos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para los migrantes.
