El Congreso del Estado de Colima aprobó reformas a la Ley de Educación para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, con el objetivo de reducir distracciones y favorecer el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral de estudiantes.
La reforma establece que las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital, conocidas como TICCAD, podrán utilizarse por alumnos de educación básica y media superior únicamente para fines educativos previamente planificados por el personal docente, en situaciones de emergencia debidamente justificadas o cuando existan necesidades específicas de accesibilidad.
Además, el uso de estos dispositivos deberá estar sujeto a la supervisión de docentes y a las disposiciones que emitan las autoridades educativas.
El dictamen señala que la medida busca atender problemáticas asociadas al uso inadecuado de celulares en las escuelas, entre ellas la distracción durante las clases, disminución del rendimiento académico, problemas de conducta, ciberacoso y riesgos para la privacidad e integridad de la comunidad escolar.
A diferencia de una prohibición absoluta, la reforma plantea una regulación que permita aprovechar la tecnología como herramienta educativa, al tiempo que se establecen límites para evitar su utilización con fines ajenos al proceso de enseñanza.
También se establece que la autoridad educativa deberá promover la capacitación del personal docente en el uso de las TICCAD y desarrollar acciones de sensibilización y alfabetización digital dirigidas a las familias y estudiantes.
La legislación define la alfabetización digital como el desarrollo de conocimientos y habilidades para utilizar las tecnologías de manera segura, crítica y responsable, así como para identificar los riesgos y oportunidades asociados con su uso.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". A partir de entonces, las autoridades educativas tendrán un plazo de 60 días naturales para emitir la normativa que establecerá las reglas específicas para la utilización de estos dispositivos en los planteles.
La reforma integra dos iniciativas presentadas ante el Congreso y busca establecer un equilibrio entre el acceso a la tecnología y la necesidad de mantener espacios escolares adecuados para el aprendizaje.