Con Sheinbaum, México registra un máximo histórico de desapariciones: 27 al día

El promedio de 27 desapariciones diarias entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 representa el nivel más alto de los periodos presidenciales comparados en esta investigación. Los hallazgos de Teuchitlán y Xalisco, las advertencias de Naciones Unidas y el rezago forense exponen una crisis que las reformas legales no han logrado contener.

Desapariciones en México

México acumula dos años de un nuevo Gobierno federal con un problema que no consigue detener: las desapariciones de personas. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2026, 20.045 personas desaparecieron, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. El promedio equivale a 27 personas al día: una cada 53 minutos.

Detrás de esa estadística hay familias que recorren cerros, caminos y predios para buscar a sus seres queridos; restos humanos que permanecen sin identificar y sitios donde las autoridades han encontrado indicios de posibles asesinatos e incineraciones clandestinas.

En marzo de 2025, el hallazgo de indicios de reclutamiento, retención y asesinato en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, expuso la dimensión de una violencia que no termina cuando una persona desaparece. Un año y medio después, la Fiscalía de Nayarit intervino otro predio, en La Curva, municipio de Xalisco, que su titular describió como un centro de exterminio por incineración.

Los dos casos plantean una pregunta que trasciende los límites de una entidad o de una administración: ¿cómo puede un país buscar a miles de personas sin contar todavía con la capacidad suficiente para prevenir las desapariciones, investigar los delitos e identificar todos los restos humanos que encuentra?

Dos años con el promedio diario más alto

La dimensión de la crisis se aprecia al comparar los registros de los primeros dos años de la actual Administración con los de los gobiernos anteriores. Durante el Gobierno de Felipe Calderón desaparecían, en promedio, ocho personas al día; con Enrique Peña Nieto, 15; y con Andrés Manuel López Obrador, 24.

En los primeros dos años de Claudia Sheinbaum, el promedio asciende a 27.

La comparación apunta a una tendencia preocupante: el fenómeno no se ha contenido. 

Teuchitlán y Xalisco: dos predios que exponen los límites de la búsqueda  

En marzo de 2025, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresaron al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde reportaron el hallazgo de restos óseos, fosas y estructuras que describieron como crematorios. El predio, que según el colectivo ya había sido cateado, se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la crisis de desapariciones.

Las imágenes de los restos calcinados y los testimonios de las personas buscadoras colocaron una cuestión en el centro de la discusión pública: la posibilidad de que personas desaparecidas hubieran sido reclutadas, retenidas y asesinadas en ese lugar.

El hallazgo también puso bajo escrutinio la capacidad de las instituciones para investigar predios previamente intervenidos y determinar qué ocurrió en ellos. La existencia de un cateo anterior no demuestra, por sí sola, que las autoridades conocieran todos los hechos ni que hubieran identificado a las víctimas. Sí obliga a esclarecer qué diligencias se realizaron, qué evidencias se recabaron y qué quedó pendiente.

Un año y medio después, la Fiscalía General de Nayarit informó de otro hallazgo que evocó el caso jalisciense.

El 3 de octubre de 2026, la institución intervino un predio en La Curva, municipio de Xalisco. La fiscal general, Elvia Heredia Verdugo, lo describió como un "centro de exterminio por incineración".

Según la explicación pública de la funcionaria, en el sitio se utilizaba una hornilla artesanal en la que se colocaba un tambo con diésel, gasolina y jabón. Los cuerpos eran quemados y los huesos, carbonizados, se arrojaban a un riachuelo.

La descripción de la Fiscalía es grave, pero también delimita lo que falta por conocer: cuántas personas fueron víctimas, quiénes eran, quiénes cometieron los delitos y durante cuánto tiempo operó el lugar. Esos extremos no quedan acreditados únicamente con la descripción de las instalaciones.

Alejandra Pérez, representante general del colectivo Familias Unidas por Nayarit, relató el desconcierto que produjo el hallazgo:

"El habernos encontrado con estas hornillas artesanales, el uso del tambo, con un olor penetrante al diésel, a olores a químicos. Eso es lo que ahorita nos tiene a nosotros como desconcertadas", dijo. 

Para las familias, la posibilidad de recuperar restos e identificarlos convive con el temor de que sus seres queridos hayan sido asesinados y de que las evidencias necesarias para esclarecer los hechos hayan sido destruidas.

La propia representante del colectivo expresó esa dualidad al señalar que la identificación podría permitir que las víctimas recuperaran su dignidad y regresaran a casa.

Los casos de Jalisco y Nayarit no deben considerarse idénticos sin que las investigaciones lo establezcan. Pero ambos colocan a las autoridades ante obligaciones concretas: preservar las evidencias, reconstruir los hechos, identificar los restos y determinar las responsabilidades penales.

Naciones Unidas: más de una década de advertencias

La crisis no surgió con los hallazgos de Teuchitlán ni comenzó con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia. Durante más de una década, organismos internacionales han advertido sobre deficiencias en la prevención de las desapariciones, la búsqueda de las víctimas, la investigación de los delitos y la identificación forense.

La secuencia documentada en el guion muestra la persistencia de esas preocupaciones: en 2013, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas solicitó visitar México; en 2015 recomendó fortalecer el registro de personas desaparecidas y las políticas públicas; y en 2018 advirtió que las deficiencias persistían.

La visita se concretó en 2021. Tras recorrer 13 estados, el Comité señaló problemas de coordinación entre autoridades, falta de avances judiciales y una crisis forense. En 2023 volvió a alertar sobre la continuidad de los problemas.

El siguiente paso llegó en 2025, cuando el organismo activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este mecanismo permite llevar la situación ante la Asamblea General de la ONU cuando existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática. 

Naciones Unidas en México

En abril de 2026, el Comité concluyó que había elementos para considerar que las desapariciones forzadas en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad y solicitó que la situación fuera llevada urgentemente a la Asamblea General.

La precisión es importante: el Comité no concluyó que el Gobierno federal hubiera diseñado una política deliberada de desapariciones ni atribuyó esos crímenes al conjunto de las autoridades federales. Su decisión se refiere a indicios de desapariciones forzadas y a la posibilidad de que se configuren crímenes de lesa humanidad, en un contexto en el que también señaló posibles patrones de colusión entre funcionarios y grupos criminales. 

La distinción jurídica no resta gravedad al diagnóstico. Delimita qué sostuvo el organismo internacional y evita convertir sus conclusiones en una acusación más amplia de la que realmente formuló.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también advirtió sobre el sufrimiento de las familias que pasan años recorriendo instituciones sin obtener respuestas y que, en ocasiones, arriesgan su propia seguridad para encontrar a sus seres queridos.

La respuesta de Sheinbaum fue rechazar el informe y calificarlo de tendencioso. La presidenta argumentó que las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación habían enviado información sobre cambios legislativos y medidas adoptadas por su Gobierno que, a su juicio, no fueron considerados por el Comité.

La controversia enfrenta dos posiciones: el organismo internacional considera insuficientes las medidas adoptadas para responder a la crisis, mientras el Gobierno defiende sus reformas y cuestiona la evaluación.

Pero la disputa sobre el informe no resuelve el problema de fondo. Para determinar la eficacia de las políticas públicas, no basta con enumerar reformas ni con rechazar un diagnóstico: hay que establecer si las personas son encontradas, si los delitos se investigan, si los responsables son sancionados y si las familias reciben respuestas verificables.

Las familias buscan; el Estado no logra identificar a todos

La búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una tarea sostenida, en buena medida, por las propias familias. En México existen 774 grupos de búsqueda, según el guion de esta investigación. Sus integrantes recorren terrenos, inspeccionan predios y buscan indicios que permitan encontrar a quienes las autoridades no han localizado.

El trabajo implica riesgos que van más allá del desgaste físico y emocional. Artículo 19 documentó 37 personas buscadoras asesinadas y ocho desaparecidas entre 2010 y mayo de 2026. 

No se trata únicamente de personas que buscan a sus familiares: también son ciudadanos que realizan una labor indispensable para conocer la dimensión de la crisis y que, en algunos casos, quedan expuestos a la violencia que intentan documentar.

Milagros de Jesús Valenzuela Flores, fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, comenzó a buscar a su hermano cuando tenía 14 años. Su primer hallazgo ocurrió unos seis meses después de su desaparición.

"Me ha tocado sacar cuerpos, armarlos, de hecho", relató en el testimonio recogido para esta investigación.

Su experiencia revela una paradoja: las familias han tenido que adquirir conocimientos prácticos para realizar búsquedas que requieren preparación, protocolos, herramientas y protección institucional.

En octubre de 2026, Valenzuela y su madre, Cecilia Flores, fueron certificadas por sus conocimientos y habilidades en la búsqueda de personas desaparecidas. La propia Milagros cuestionó la necesidad de que las familias tuvieran que llegar a ese punto.

"Esta certificación ni siquiera debió haber existido para las personas buscadoras en ningún momento", señaló. La consideró, sin embargo, un reconocimiento a los esfuerzos acumulados de los colectivos.

La certificación puede reconocer esas capacidades, pero no sustituye la responsabilidad del Estado. La búsqueda, la investigación criminal y la recuperación de evidencias deben seguir siendo tareas institucionales, con garantías de seguridad para quienes colaboran en ellas.

La obligación de buscar tampoco desaparece cuando una familia encuentra restos humanos. Entonces comienza otra etapa, con sus propios obstáculos: establecer cuántas personas están representadas en los fragmentos recuperados, reconstruir las circunstancias de su muerte e identificar a cada víctima.

5.152 fosas clandestinas y una crisis forense sin resolver

Entre 2006 y 2024, las fiscalías reportaron 5.152 fosas clandestinas en México, de acuerdo con el análisis del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. El mismo estudio contabilizó 5.718 cuerpos exhumados a partir de información institucional. 

La investigación también encontró diferencias importantes entre los registros oficiales y los hallazgos documentados por medios de comunicación. Mientras las fiscalías reportaron 5.152 fosas, el rastreo periodístico reunió información sobre 3.516. En cambio, los medios documentaron 8.341 cuerpos, frente a los 5.718 reportados por las autoridades.

La divergencia no demuestra por sí sola que una de las fuentes sea incorrecta. Sí expone un problema de información: los registros disponibles no ofrecen una imagen uniforme de la dimensión de los hallazgos.

Además, el número de fosas no equivale al número de víctimas. Una fosa puede contener restos de varias personas y un mismo sitio puede requerir múltiples diligencias para determinar cuántas víctimas hay, recuperar los restos y establecer su identidad.

La crisis se prolonga en los servicios forenses.

En 2019, el Gobierno reconoció la existencia de 26.000 cuerpos sin identificar. Para 2021, una estimación del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México situó la cifra por encima de 52.000. En 2024, un cálculo elaborado por organizaciones civiles, con base en información pública, estimó que había más de 79.000 cuerpos sin identificar. 

Las cifras deben leerse con cautela: proceden de estimaciones y ejercicios de recopilación diferentes. No constituyen un conteo anual uniforme de cuerpos que ingresaron o permanecieron sin identificar. Aun así, muestran la escala de un problema que las instituciones no han conseguido resolver.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, describió la situación como una crisis forense de "proporciones escandalosas".

La consecuencia es concreta para las familias. Una persona puede haber sido localizada y continuar desaparecida para sus seres queridos si las autoridades no consiguen establecer su identidad o no les comunican de manera efectiva el resultado.

Encontrar restos no equivale a encontrar a una persona. Sin identificación, la búsqueda no concluye; sin investigación, tampoco se esclarecen las circunstancias de la muerte ni las posibles responsabilidades.

Las reformas existen. Los resultados siguen pendientes

México cuenta con una Ley General en Materia de Desaparición desde 2017 y una Comisión Nacional de Búsqueda desde 2018. En 2025, el Gobierno reformó la legislación e incorporó herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Protocolo Homologado de Búsqueda.

Son instrumentos relevantes para mejorar la coordinación y facilitar el intercambio de información. Sin embargo, su existencia no demuestra, por sí misma, que el sistema tenga capacidad suficiente para responder a la crisis.

El guion de esta investigación identifica tres tareas pendientes: el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, una base nacional de información genética plenamente funcional y el fortalecimiento de las fiscalías especializadas.

El reto es de coordinación, capacidad operativa y recursos. Un análisis de Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva encontró que, durante 2024, la Federación y los estados destinaron en conjunto apenas el 0,036% del gasto público a la búsqueda de personas y la identificación forense. La inversión identificada ascendió a 3.892 millones de pesos: 1.330 millones para búsqueda y 2.561 millones para identificación. 

La proporción ayuda a dimensionar la distancia entre la magnitud del problema y el esfuerzo presupuestario identificado. No mide por sí sola toda la eficacia institucional, pero sí muestra la limitada prioridad financiera que tuvo esta política pública en el ejercicio analizado.

Las responsabilidades están distribuidas. Las comisiones de búsqueda deben localizar a las personas; las fiscalías, investigar los delitos y procesar las evidencias; los servicios periciales, contribuir a la identificación; y las autoridades de los distintos niveles de Gobierno deben coordinarse para que los registros, las investigaciones y las búsquedas no funcionen como sistemas aislados.

El Gobierno federal, por su parte, ha defendido las reformas y las acciones emprendidas. Pero el guion no incluye una respuesta oficial detallada que permita establecer, para cada una de las tareas pendientes, su grado de avance, los recursos asignados, los plazos de cumplimiento o los resultados verificables.

Esa información es indispensable para evaluar el desempeño de las instituciones. Sin indicadores públicos comparables, no es posible saber con precisión cuánto se ha avanzado, qué medidas están funcionando y dónde persisten los principales obstáculos.

La responsabilidad institucional no consiste solamente en aprobar leyes o anunciar nuevos mecanismos. Consiste en convertirlos en búsquedas efectivas, investigaciones concluyentes e identificaciones que permitan devolver a las víctimas a sus familias.

Una crisis que atraviesa gobiernos

Los hallazgos de Jalisco y Nayarit, las advertencias de Naciones Unidas, las agresiones contra personas buscadoras y el rezago forense describen distintas dimensiones de una misma crisis. Ninguno de estos elementos, por separado, explica todo el fenómeno. Juntos, sin embargo, exponen las dificultades del Estado para prevenir las desapariciones, localizar a las víctimas, esclarecer los delitos y garantizar el derecho de las familias a conocer la verdad.

El problema no comenzó con Claudia Sheinbaum, pero ocurre bajo su Gobierno y exige resultados de su Administración. La responsabilidad actual no se agota en cuestionar las omisiones de los anteriores gobiernos ni en defender los cambios legislativos recientes.

También requiere explicar por qué, pese a la creación de instituciones y la adopción de nuevas herramientas, las familias continúan buscando por sus propios medios, los restos permanecen sin identificar y los hallazgos de sitios de posible exterminio siguen planteando preguntas fundamentales.

El desafío es doble: contener las desapariciones que continúan ocurriendo y resolver las que se acumularon durante años. Para lograrlo se necesita algo más que actualizar registros: hacen falta investigaciones capaces de reconstruir los hechos, sistemas forenses con capacidad suficiente, coordinación entre autoridades y recursos proporcionales a la magnitud del problema.

La crisis no se mide únicamente por las personas que desaparecen cada día. También por las que han sido encontradas sin que se conozca su identidad, por las familias que llevan años sin respuestas y por quienes arriesgan la vida para buscarlas.

Cuando el Estado no logra prevenir una desaparición, encontrar a la víctima ni identificar sus restos, la ausencia deja de ser solamente una tragedia familiar: se convierte en una medida de la capacidad institucional para garantizar verdad y justicia.