Corte rechaza otorgar presupuesto a víctimas de delito
CDMX
Fecha: 19-11-2025
La SCJN rechazó restablecer el 0.014% del gasto programable para víctimas y mantiene la eliminación del piso mínimo aprobada en 2020
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó los seis votos necesarios para restablecer el 0.014% del gasto programable que garantizaba recursos federales mínimos para la ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas de delitos.
Recordemos que ese porcentaje había desaparecido en 2020, cuando el Congreso extinguió el fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) junto con otros 108 fondos.
Los ministros y consejeros que respaldaron el restablecimiento del piso presupuestal fueron: Hugo Aguilar, Arístides Guerrero, Giovanni Figueroa (ponente), Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel
Argumentaron que la eliminación del piso mínimo fue una medida regresiva, que vulneró derechos y dejó a las víctimas sin una garantía presupuestal estable.
Por otro lado, quiénes votaron en contra fueron: Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra
Sostuvieron que la reforma impulsada en 2020 "dio mayor protección", que la CEAV ha recibido montos superiores al porcentaje derogado y que no corresponde a la Corte reactivar ese modelo, pues la definición del financiamiento es una atribución del Congreso.
Con esta decisión, la CEAV deberá conformarse con los recursos derivados de la venta de los bienes decomisados, suma que puede resultar variable e incierta, en lugar de contar, como lo había tenido hasta el año 2020, con un porcentaje fijo y conocido del Presupuesto Federal anual, situación que sin duda dejará a numerosas personas en la incertidumbre de saber cuándo y cuánto habrán de recibir como compensación por haber resentido los efectos de una conducta delictiva.
Hay que tomar en cuenta que organizaciones como Centro Prodh y Fundar han advertido que la desaparición del piso presupuestal ha implicado alrededor de 200 millones de pesos menos cada año para la atención a víctimas.
