La Auditoría Superior de la Federación detectó transferencias e irregularidades por un total de 7 212 millones de pesos provenientes del erario del Gobierno de Nuevo León que terminaron llegando, nada más y nada menos, que al despacho del gobernador Samuel García.
¿Cómo hacía la triangulación?
El Gobierno estatal realizaba pagos exprés a proveedores y contratistas, como Suministro MYR, TXAT Latam o Pilsa. Estas empresas transferían parte de los recursos a intermediarias y redes de supuestos factureros, como Ferro & Méndez, por supuestas «consultorías», que a su vez enviaban el dinero directamente a Firma Jurídica y Fiscal, el despacho legal del gobernador Samuel García y su familia, argumentando el pago de «servicios legales y de asesoría fiscal». Enviaban el dinero de forma inmediata, más rápido que una pizza, pues de acuerdo con los registros hubo casos en que el dinero llegó en tan solo 25 minutos.
¿De qué delitos se le podría acusar?
Las denuncias presentadas ante la FGR solicitan investigar los siguientes delitos:
Delincuencia organizada
Peculado
Enriquecimiento ilícito
Operaciones con recursos de procedencia ilícita