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24 de Febrero del 2024
Economía

De nuevo, maíz transgénico enfrenta a México y EU

De nuevo, maíz transgénico enfrenta a México y EU

Este jueves el gobierno de Estados Unidos estableció un panel de controversia en el marco del T-MEC y amenaza con imponer sanciones arancelarias contra México.

Katherine Tai, representante comercial estadunidense acusó al gobierno mexicano de no tener argumentos científicos para prohibir el uso de maíz transgénico procedente de su país para la producción de tortillas, masa u otros alimentos de consumo humano, a partir de marzo de 2024, conforme al Decreto publicado el 13 de febrero de este año.

En 1996, a dos años de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, entre México, Estados Unidos y Canadá, la frontera mexicana se abrió a la importación de maíz genéticamente modificado y al mismo tiempo la producción nacional fue disminuyendo.

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, mientras en 2016 las importaciones de maíz ocuparon 31 por ciento del grano que se consumió, para 2022 el porcentaje pasó a 39 por ciento.

De las 17 millones de toneladas importadas el año pasado, 90 por ciento llegó desde Estados Unidos, por lo que el gobierno mexicano alertó sobre la importancia de garantizar la soberanía alimentaria.

Desde hace una década, organizaciones ambientalistas agrupadas en el movimiento "Sin maíz no hay país", han realizado acciones en contra de la importación de grano transgénico y en 2013 un juez federal prohibió sembrar este tipo de producto en México, sentencia avalada por un tribunal de apelaciones en 2016 y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021.

Antes del Decreto de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había firmado otro para impedir la importación de maíz transgénico que era usado como forraje para el ganado, lo que ocasionó un primer reclamo por parte del gobierno del presidente Joe Biden..

El Artículo 24.3.1 del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) dice que las partes pueden establecer sus propios niveles de protección ambiental y su facultad de adoptar o modificar sus leyes y políticas ambientales.





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