Legisladores federales y locales de Morena acudirán este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para ampliar las denuncias contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por presuntos desvíos de recursos públicos.
La comitiva estará integrada por diputados, senadores y representantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, acompañados por Clara Luz Flores, coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, así como por el senador Alejandro Murat.
Denuncia contra Samuel García incluye a familiares
La acusación contra Samuel García está relacionada con un presunto esquema de triangulación de recursos públicos del Gobierno de Nuevo León hacia empresas particulares y posteriormente al despacho jurídico y fiscal vinculado con la familia del mandatario.

Según información difundida previamente, entre las personas señaladas se encuentran su esposa, Mariana Rodríguez; su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
También figuran el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, y Eric Peñalver Serna, primo del funcionario.
Entre los posibles delitos que los denunciantes buscan que investigue la FGR se encuentran peculado, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los morenistas también solicitarían investigar presuntos gastos por 81.6 millones de pesos en campañas publicitarias de Google y YouTube relacionadas con el gobernador.
La ampliación de las denuncias ocurre después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expusiera ante la Cámara de Diputados señalamientos sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos de Nuevo León.
Morena también señala a Adrián de la Garza por caso Next Energy
En el caso del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, la denuncia está relacionada con presuntas irregularidades en contratos de suministro de energía eléctrica y alumbrado público vinculados con la empresa Next Energy.

Los señalamientos también incluyen a la excontralora municipal Jovita Morín, así como a empresas y particulares presuntamente involucrados. El contrato fue firmado en 2020, durante una administración anterior de De la Garza, y contemplaba la generación de energía limpia para el municipio.
Sin embargo, tras incumplimientos atribuidos a la empresa y varios años de litigios, el Gobierno municipal dio por concluido el acuerdo en mayo pasado. Entre los posibles delitos señalados por los denunciantes figuran cohecho, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.