Derribo de embarcación venezolana genera dudas legales

La embarcación venezolana atacada por un misil estadounidense el pasado 2 de septiembre, que acabó con la vida de once personas, se encontraba aparentemente girando y en retirada en el momento del impacto, según reporta The New York Times citando fuentes anónimas del Gobierno de Estados Unidos

El barco, vinculado supuestamente a la banda criminal Tren de Aragua -originaria de una cárcel venezolana-, fue interceptado en aguas internacionales.

Trump calificó a los ocupantes como "terroristas" y señaló en su red Truth Social que la acción se realizó para neutralizar la amenaza que representaban al transportar narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos.

Según el rotativo neoyorquino, los ocupantes del barco detectaron un avión que los sobrevolaba y, ante la posibilidad de ser seguidos, intentaron retirarse, girando la embarcación en dirección opuesta. Este detalle plantea cuestionamientos sobre la existencia de una amenaza inminente en el momento del ataque.

El incidente había sido justificado por el presidente Donald Trump como un ataque contra narcotraficantes que transportaban drogas hacia el país.

Expertos militares cuestionan la acción

Dos contraalmirantes retirados de la Marina estadounidense expresaron dudas sobre la legalidad de la operación.

Donald Guter, quien ocupó el cargo entre 2000 y 2002, indicó: "Si alguien se está retirando, ¿dónde está la ?amenaza inminente"? ¿Dónde está la defensa propia? Desaparecieron, si es que alguna vez existieron, y no creo que existieran".

James McPherson, su sucesor en 2004, coincidió: "Sería interesante si pudieran aportar alguna base legal para lo que hicieron. Si realmente se puede argumentar que estas personas estaban listas para atacar a Estados Unidos introduciendo drogas, pero en el momento en que se dan la vuelta, entonces la amenaza desaparece".

Ni Trump ni la Casa Blanca han abordado públicamente la maniobra de retirada de la embarcación. Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, reiteró que el ataque se llevó a cabo "de acuerdo con las leyes de un conflicto armado" y en defensa de la seguridad nacional.

El caso ha abierto un debate sobre los límites legales del uso de fuerza militar en operaciones contra narcotráfico en aguas internacionales y sobre la veracidad de la justificación presentada por la administración estadounidense