Desaparecidos: huellas perdidas; inacción del Estado

El gobierno presume una baja en los delitos de alto impacto, sin embargo no ha podido con la crisis de personas desaparecidas y se ha limitado a repetir estrategias que en los hechos no aplica o que terminan contradiciendo su propio discurso oficial.

Miriam Amaya García tenia una vida, como la de millones de personas; pero en un lapso de solo seis meses, su cotidianidad se transformó y de ser una ama de casa en Hermosillo, Sonora, se convirtió en una madre buscadora.

"En el 2020, fue en enero, en esa fecha asesinaron a mi yerno; derivado seis meses de ese hecho victimizante, se llevan a mi hija, iba mi sobrina con ella, mi hija se llama Judith y mi sobrina Claudia", recuerda.

Miriam aceptó hacer una pausa en su labor de búsqueda en un terreno descampado en las afueras de la capital de Sonora, para recordar los hechos que la llevaron a conformar un colectivo de búsqueda.

La crisis de personas desaparecidas no se detiene y el Estado mexicano se ha caracterizado por sus posturas contradictorias así como por su incapacidad para establecer una estrategia sólida y coordinada para atender este problema.

Héctor Cerezo Contreras, coordinador del programa de desaparición del Comité Cerezo, una sólida organización no gubernamental que lleva años acompañando a familias que buscan a sus familiares, reconoce los avances, pero sobre todo destaca el desinterés institucional.

"Si bien ha habido avances en el papel, hay una ley general, hay protocolos, etcétera, realmente no hay una voluntad política de poner a las instituciones al servicio de la sociedad en materia de búsqueda e investigación", dijo

Tras los descubrimientos de un presunto centro de reclutamiento del crimen organizado en Teuchitlán, Jalisco, y una fosa clandestina en Reynosa, Tamaulipas, en marzo de este año, la presidenta anunció seis acciones para enfrentar la desaparición de personas.

Ninguna propuesta es nueva parecen más un listado de lo que se ha dejado de hacer.

El fortalecimiento de las comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas ha sido una promesa incumplida por los últimos tres gobiernos.

La estrategia reconoce que el gobierno ha incumplido con la instalación y operación del Centro Nacional de Identificación Humana, dependiente de la Comisión Nacional de Búsqueda, y del Banco de Datos Forenses, bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República.

Para especialistas, equiparar la desaparición de personas con el secuestro es un absurdo, porque la naturaleza de ambos delitos tiene motivaciones distintas y entorpecería las investigaciones subsecuentes.

A esto se suma que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se hace de forma arbitraria e imprecisa, y son fiscalías estatales las que menos información aportan o lo hacen de manera parcial.

Raymundo Sandoval, activista e integrante de la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato, acusó que a pesar de que existen lineamientos y protocolos muy claros, sobre cómo tiene que alimentarse el registro nacional, "es importante señalar que en la práctica las fiscalías no actualizan de manera permanente el registro y puede haber actualizaciones masivas de estos registros".

La situación empeora cuando se encuentran cadáveres o restos humanos y las fiscalías inician las carpetas de investigación por homicidio o feminicidio y no se confrontan éstas carpetas con otras existentes por delitos de desaparición...

Ahí habría una necesidad de una perspectiva integral desde la mirada de las carpetas iniciadas por desaparición de personas y en este caso particular de los homicidios, agregó Sandoval.

Crisis que empeora

La crisis de personas desaparecidas ha ido empeorando. Sólo en lo que va del actual sexenio se ha quintuplicado el número de personas que diariamente no regresan a sus casas, aunque el gobierno diga lo contrario.

Miriam Amaya, madre buscadora de Sonora, reconoce que al saber sobre la desaparición de una persona, muchas familias entran en shock emocional y en lo que menos piensan al inicio es en acudir ante las autoridades.

"No tengan miedo, ustedes no están buscando culpables, están buscando a su familiar, exíjanle a fiscalía que investigue sus casos, sus carpetas, no nada más pongan la denuncia", dice, mientras hace una pausa en su trabajo de búsqueda en un terreno baldío en Hermosillo, Sonora, donde aparentemente hay una fosa clandestina.

Héctor Cerezo Contreras, coordinador del programa de desaparición del Comité Cerezo, también está de acuerdo en el impacto inicial al saber que un ser querido no aparece.

"El primer efecto es la incertidumbre, el no saber qué pasó con el familiar, no saber dónde está, esa angustia que sucede entre los familias está catalogado ya como tortura, cuando la autoridad no atiende la denuncia ni inicia la búsqueda inmediata".

Y mientras Miriam cumple ya cinco años de buscar a su hija Judith y su sobrina Claudia, desaparecidas justo seis meses después del asesinato de su yerno, la presidenta de México asegura que su gobierno no desaparece personas y que están del lado de las víctimas y atendiendo el problema.

Para Miriam y decenas de familiares que buscan a sus seres queridos, la realidad es muy distinta a las frases amables de la presidenta.

En lo que va de este gobierno, se disparó el número de desapariciones diarias al pasar de siete durante el sexenio de Felipe Calderón a 38 en la actualidad.

El 4 de abril de 2025, el Comité Contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, activó por primera vez en la historia, el Artículo 34 de la Convención contra la Desaparición de Personas, debido a la crisis que vive México en esta materia.

Al día siguiente, el gobierno federal descalificó el pronunciamiento de un comité especializado y aseguró que el estado mexicano no desaparece personas.

Dos semanas antes, la propia presidenta lo había afirmado sin presentar evidencias de sus dichos.

Sin embargo, la falta de información y la probable complicidad con bandas del crimen organizado, provoca incertidumbre en la forma en cómo se ataca esta crisis que suma más de 110 mil personas cuyo paradero se desconoce.

Más allá del discurso oficial, la desaparición de personas en México representa una crisis de derechos humanos.

Del 1 de octubre de 2024 al 15 de julio de 2025, desaparecieron once mil 077 personas.

En nueve meses y medio, de la actual administración, desapareció prácticamente el equivalente a 65 por ciento del total de personas que dejaron de ser vistas en todo el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.

A esto se suma la estigmatización de las víctimas y el ocultamiento de casos por parte de las propias autoridades responsables de investigar, como aseguró María Eugenia Arriaga Salomón, buscadora y coordinadora de comunicación del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

"Porque luego está la estigmatización, eran jovencitos, ay no, pues quién sabe dónde andaban, todavía se maneja mucho estigma y hay casos en los que ciertamente no han sido desapariciones tal cuál, pero si no hacemos una difusión masiva, pues no vamos a tener toda la información", dijo.

Al respecto, Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato, dijo que "desconocemos si hay un interés político-partidista o un interés explícitamente por ocultar información sobre los casos de desaparición y especialmente sobre los avances en las investigaciones.

Crisis forense

La crisis de desaparición de personas va más allá de quienes no regresan a casa, se agrava con los miles de cadáveres y restos humanos que siguen apareciendo y que permanecen sin identificar por la falta de capacidad del estado mexicano y la impunidad en la persecución y castigo de este delito.

Por ello Miriam Amaya, quien lleva cinco años buscando a su hija y a su sobrina, hace un llamado a las familias a que ejerzan presión.

"Si ustedes como víctimas no van a fiscalía, ellos no van a mover un dedo y se los digo yo que tengo cinco años en esto".

La Organización Impunidad Cero documentó 35 mil 669 desapariciones entre 2019 y 2022, mientras en ese periodo sólo se reportaron 141 sentencias condenatorias en diferentes tribunales.

Y más allá de la escasa cantidad de sentencias condenatorias a personas responsables de la desaparición de personas, existe una crisis forense con miles de cadáveres sin identificar que siguen acumulándose en los diferentes anfiteatros y morgues.

"Estamos rebasadísimos en términos forenses, estamos rebasadísimos en términos de carpetas de investigación, poniéndose en el lugar de los agentes del ministerio público, resulta imposible que ellos puedan procesar todas las solicitudes, todas las demandas y todos los expedientes que tienen que hacerse cargo, dijo Manuel Pérez Aguirre, investigador del Seminario sobre violencia y paz de El Colegio de México.

Mientras el activista Raymundo Sandoval confirma que no se atiende esta crisis forense, con miles de cuerpos sin identificar en el país y es un tema que no se incluyó en las recientes reformas legales en materia de seguridad, "y es uno de los temas de agenda urgente que las familias presentaron".

De 2006 a 2023, la Fiscalía General de la República reconoce haber localizado 587 fosas clandestinas con mil 705 cuerpos y doce restos humanos, mientras las 32 fiscalías locales reconocen la existencia de cuatro mil 564 fosas con un total de seis mil 253 cadáveres y cuatro mil 662 restos recuperados.

Las cifras contrastan con los hallazgos realizados por los colectivos de búsqueda de familiares y organizaciones de derechos humanos.

La plataforma ciudadana de fosas clandestinas destaca que los colectivos han localizado cinco mil 754 sitios de inhumación clandestina con ocho mil 448 cadáveres y 98 mil 290 restos. Sólo dos mil cuerpos han sido identificados por familiares de las víctimas sin ayuda oficial.

Los colectivos reclaman por la incapacidad de las autoridades para obtener, procesar y confrontar muestras de ADN, por la falta de recursos económicos, de equipo, tecnología y personal especializado, lo que provoca además que los cuerpos y restos no tengan un manejo digno ni adecuado.

María Eugenia Arriaga Salomón, vocera del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios reclamó que la disposición de cadavers es un tema que debe abordarse con urgencia, "porque los restos que se encuentren y se sigan encontrando, tienen que tener un lugar seguro".

Y en esto coincide Raymundo Sandoval, quien exigió que los centros forenses necesitan aumentar su capacidad técnica en términos de la identificación, y su coordinación e investigación con las fiscalías.

Familias ignoradas y acosadas

Ante la inacción del Estado, son las familias las que salen en búsqueda de sus seres queridos; recorren zonas de alto riesgo sin protección estatal y son víctimas de la descalificación de las propias autoridades que deberían apoyarles en su labor.

Miriam acepta platicar con Meganoticias en un descampado en las afueras de Hermosillo, Sonora, en un sitio donde algunas personas afirman que hay una fosa clandestina.

Desde la desaparición de su hija Judith, Miriam se ha hecho cargo de su nieta. La pequeña tenia dos años cuando su mama fue privada de la libertad y cinco años después, su paradero sigue sin conocerse.

"La niña no conoce a su mamá, no se acuerda de su papá, sabe por ellos de foto; pero el salir de búsqueda, cuando vuelvo a casa, ella siempre me pregunta, que si ya encontré a su mamita", dice mientras intenta contener las lágrimas.

El gobierno dice estar al lado de las víctimas y asegura haberse reunido con 400 colectivos de búsqueda.

En los hechos las familias siguen sufriendo violencia criminal y la descalificación del Estado.

El 7 de julio de 2025, la Organización de las Naciones Unidas, pidió reconocer a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos.

Con o sin reconocimiento, el Estado mexicano debe garantizar el derecho de búsqueda, atención a las víctimas, investigaciones certeras y dar protección a familiares y colectivos antes, durante y después de sus labores de búsqueda.

Lo que a decir de los colectivos, no sucede, sobre todo cuando salen a realizar sus recorridos.

María Eugenia Arriaga Salomón, buscadora y coordinadora de comunicación del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dijo que en los recorridos que hacen siempre cuenten con el apoyo de la Guardia Nacional, la Marina o el Ejército.

Reconoció que hay disposición de las autoridades federales, pero los operativos no siempre están bien coordinados, se limitan a darles acompañamiento, pero sin un protocolo de seguridad en caso de que sean víctimas de alguna agresión por parte de grupos criminales.

La activista incluso acusó que ha habido ocasiones en que si los colectivos son atacados a balazos, los elementos federales no responden al fuego ni intentan ubciar y detener a los agresores, solo piden que todas las personas se replieguen a sitios seguros.

Al 30 de junio de este año, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas otorga medidas cautelares a 326 personas buscadoras, 237 son mujeres, madres, esposas, hijas o hermanas.

De las agresiones atendidas por el mecanismo federal, 13 por ciento fueron cometidas por autoridades municipales, estatales o integrantes del ejécito o la guardia nacional.

En tres de cada cuatro casos, el agente agresor no fue identificado, lo que a decir de activistas, demuestra la complicidad de criminales con autoridades y desincentiva a las víctimas para que denuncien por temor a represalias.

"Nos parece muy preocupante también que haya una perspectiva de estigmatizar o de criminalizar a estos colectivos que hacen una búsqueda independiente y a quienes mantienen una perspectiva crítica del diálogo, del gobierno federal e incluso de estas estrategias implementadas a nivel local en las entidades federativas", dijo Raymundo Sandoval, activista e integrante de la Plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato.

Baja California, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Estado de México son las entidades que concentran los mayores casos de violencia contra quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos y no hay cifras oficiales de cuántos agresores están en prisión.