Desplazamiento forzado: víctimas invisibles
DD. HH.

Desplazamiento forzado: víctimas invisibles


Migrar es un derecho humano cuando es voluntario, porque abandonar nuestro lugar de origen por obligación o miedo, se llama desplazamiento forzado.


Mientras el gobierno se queda en su discurso semanal sobre la reducción de homicidios dolosos, ignora una crisis de desplazamiento forzado interno provocado por el paso de fenómenos naturales, el incremento de hechos violentos y el control criminal del territorio.


"Es un tema que en 2019 fue aceptado ya por el Gobierno Federal que era un tema inclusive de seguridad pública, apenas en el 2019 cuando este problema es un problema añejo, es un problema que viene arrastrando ya desde hace décadas. Recordemos la época de los años 70, de los años 80 que hubo muchísimo desplazamiento en el país, pero nunca ha sido reconocido", afirma Marycely Córdova, académica de El Colegio de la Frontera Norte (Colef).


El primer reto es que el Estado mexicano no tiene idea del tamaño del problema porque no lleva un registro, no lo reconoce públicamente, o peor aún, lo criminaliza, como dice el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia "Minerva Bello".


"Y hay un componente que son personas que están en territorios que están controlados por el crimen organizado y muchas veces por eso se les invisibiliza o también se les estigmatiza porque se les relaciona con el crimen organizado y por tanto como que se les deja de dar el mismo valor de víctima que a otra persona".


¿Cómo medir el desplazamiento forzado interno?


De acuerdo con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, una iniciativa global que intenta medir este fenómeno, entre 2008 y 2025 en México tres millones 168 mil personas han tenido que abandonar sus hogares para huir de la miseria, la destrucción y la presencia de bandas del crimen organizado.


De este total, dos millones 833 mil dejaron sus casas tras el impacto de huracanes, inundaciones, desbordamientos de ríos y otros eventos hidro meteorológicos o geológicos.


Otras 390 mil salieron huyendo de la violencia criminal y la ausencia del Estado mexicano para controlar el territorio.


Sin embargo, esta medición la hacen a partir de fuentes abiertas, de publicaciones en medios, porque justo, no hay datos oficiales?


Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Conteo Intercensal reporta que de 2020 a 2025, más de medio millón de hogares enfrentaron situaciones vinculadas al desplazamiento.


El INEGI estima que al menos 1.6 millones de personas serían víctimas directas e indirectas de este desplazamiento, lo que representaría 77 por ciento de todos los desplazamientos internos registrados en el periodo.


Los estados con mayor proporción de hogares afectados por violencia son Zacatecas, Morelos, Colima, Querétaro y Michoacán, aunque estos datos del INEGI no incluyen los desplazamientos que se reportaron en Sinaloa y Chiapas, donde se recrudeció la violencia desde finales de 2024.


Por catástrofes naturales o de origen humano, el desplazamiento forzado interno afectó a 485 mil 500 personas, con mayor incidencia en Guerrero, Tabasco y Baja California Sur.


De nuevo, el problema es que no hay datos oficiales.


Y sin mediciones precisas, la primera falla está en la reacción del Estado para atender la crisis.


"Imagínate la dimensión si tan solo con los datos que la propia Secretaría de Educación Pública pudiera dar de cuántos planteles se encuentran en situación de abandono porque se fueron desplazados, ahí nos daríamos cuenta cuál es el nivel o la gravedad de esto", comenta el sacerdote José Filiberto Velázquez, activista y defensor de derechos humanos, también conocido como Padre Fili.


En México no existe marco jurídico para atender el desplazamiento forzado interno.


En 2020, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en México, impulsado por diversos colectivos de defensa de derechos humanos, con la intención de "proteger a las personas que huyen de sus hogares debido a la violencia, conflictos sociales, violaciones de derechos humanos, desastres naturales o disputas por recursos".


Ese mismo año el dictamen fue enviado al Senado de la República, pero pasó directo a la congeladora, a pesar de que ha habido exhortos para su promulgación definitiva y el reclamo constante de los propios colectivos promoventes.


"No se ha hecho, como bien lo mencionas, hace seis años sigue esta ley congelada, la Cámara de Senadores no hace nada por más de que grupos de derechos humanos en Chihuahua pusieron una demanda de amparo para que se abra nuevamente esta ley y pueda continuar para que se apruebe", dice Marycely Córdova, doctora en ciencias políticas y relaciones internacionales.


Chiapas y Oaxaca tienen leyes para atender el desplazamiento forzado interno, mientras Chihuahua y Sinaloa, cuentan con protocolos de atención, pero para el resto de las entidades, el tema no está siquiera en su agenda legislativa.


Y peor aún, no hay estrategias ni políticas públicas.


"Mientras el Estado no participe en esto, mientras las instituciones del Gobierno Federal no participen en este problema, realmente va a seguir siendo minúsculo y cada una de estas leyes y protocolos de los estados, lo hace de acuerdo también a su propio entorno, a su propia conflictividad, a sus propias dinámicas estatales", agrega la especialista.


"Yo puedo ver una gran diferencia como que de segunda clase las víctimas reconocidas solamente a nivel estatal, de primera clase las víctimas reconocidas a nivel federal y de ahí este pues no paramos, ¿no?", sentencia el sacerdote guerrerense, quien fue amenazado de muerte por un grupo criminal por su labor de apoyo a familias desplazadas.


Y esta ausencia del Estado sí se puede medir.


Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, entidades donde el desplazamiento es un problema añejo, por fenómenos naturales, pero más recientemente por el control criminal, son las únicas entidades federativas que presentan registros de atención a población desplazada.


Ninguna entidad cuenta con refugios ni instalaciones para dar cobijo parcial o temporal a personas ni familias desplazadas, como dice José Filiberto Velázquez.


"Sí, es una cuestión que en verdad es grosera o no tendría otra palabra que mencionar porque pues las mismas comisiones de atención a víctimas no tienen un carácter jurídico claro ni un presupuesto", dice el padre Fili.


CHIAPAS


Chiapas es una de las entidades que más desplazamiento forzado interno ha padecido históricamente.


A partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, miles de familias y comunidades enteras abandonaron sus lugares huyendo de la presencia de la guerrilla o de los militares.


El fenómeno del desplazamiento forzado interno en Chiapas es multifactorial, pues a la irrupción zapatista se suman conflictos agrarios, religiosos, políticos y criminales.


De 2020 a 2024, el Gobierno de Chiapas tiene registro del movimiento de mil 374 personas; sólo en 2020, 789 abandonaron sus casas en Chenalhó, que representan 57.4 por ciento.


Llama la atención que prácticamente todos los desplazamientos en Chiapas se dan en comunidades indígenas que históricamente han enfrentado una alta conflictividad, particularmente en la región de Los Altos.


La información proporcionada por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, dependiente de la Secretaría de Gobierno, no considera los desplazamientos forzados registrados entre 2024 y 2025 en los municipios de Frontera Comalapa, Concordia, Chicomuselo y La Trinitaria, que en ese periodo fueron víctimas de ataques y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.


De 2022 a 2025, la CEEAV chiapaneca reconoce haber gestionado la reparación del daño por desplazamiento a favor de 244 personas, 131 de ellas (53.7 por ciento), del municipio de Chenalhó.


El estado destinó 9.65 millones de pesos como compensación subsidiaria como medida de reparación integral del daño.


En 21 casos, la misma comisión brindó apoyo económico por un monto total de 230 mil 765 pesos con 46 centavos, aunque no especificó en qué consistió este apoyo monetario.


Chiapas cuenta con un censo de personas víctimas por hechos de desplazamiento forzado interno, que actualmente tiene a mil 158 personas registradas.


GUERRERO


De 2011 a 2023 el Gobierno de Guerrero registró 937 personas desplazadas que no han retornado a sus lugares de origen.


2018 fue el año de mayor desplazamiento forzado interno en Guerrero con 695 personas tres de cada cuatro; y los municipios de Leonardo Bravo, colindante con la capital Chilpancingo, con 294 y Apaxtla de Castrejón, en la región de Tierra Caliente, con 184, fueron los municipios que más casos registraron en ese año.


De 2016 a 2024, el gobierno guerrerense destinó 818 mil pesos para apoyar el retorno o reasentamiento de 338 personas que abandonaron sus lugares de origen, apenas una de cada tres del total de víctimas de desplazamiento.


MICHOACÁN


En el caso de Michoacán, la entidad ha enfrentado diversos momentos de desplazamiento forzado interno a partir del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006.


Sin embargo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, cuenta con registros de 2017 a la fecha y consigna que en ese periodo apenas 21 personas fueron desplazadas, pero en ese mismo periodo 64 han recibido algún tipo de apoyo para transporte, alimentación y hospedaje como consecuencia del desplazamiento.


En este sentido, el gobierno michoacano destinó en la última década, 248 mil 339 pesos con 91 centavos para este tipo de apoyos.


OAXACA


En el caso de Oaxaca, otra entidad que enfrenta desplazamientos históricos, la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado, sólo informa de atención a 428 personas en apenas dos incidentes de desplazamiento.


El primer caso informa del traslado de 214 personas que abandonaron su comunidad el 18 de agosto de 2025, sin que diera a conocer el nombre del municipio.


En el otro caso, el gobierno oaxaqueño reporta la movilización de 72 familias indígenas mixtecas, 109 mujeres y 105 hombres que también tuvieron que salir de su localidad.


En este caso la autoridad refiere que fueron 49 niños y niñas, 17 adolescentes y 148 personas adultas.


El gobierno informó que correspondió a los sistemas municipales del DIF brindar el apoyo de alojamiento, pero no especifica montos ni tipos de ayuda brindada a las personas desplazadas.


¿Y el resto de las entidades federativas?


Aquí es donde está el subregistro, lo que conlleva una falta de articulación entre los diferentes niveles de gobierno para atender el problema y la carga se queda en la primera autoridad, la municipal.


"No hay políticas para traer a estos desplazados en estos municipios y son los municipios los que más cargan con este problema, no solamente en términos de tierra, sino dónde lo voy a poner, sino en términos financieros", dice la investigadora Marycely Córdova.


"Y básicamente no pueden regresar a ningún trámite, están con los hijos, están sin ningún apoyo gubernamental. O sea, en los municipios pues no hay ninguna oficina, para que tú vayas y te ayuden, y también como demuestras que si eres desplazado", agrega el sacerdote José Filiberto.


Tampoco hay políticas públicas para garantizar vivienda, atención médica, educación para las infancias, empleo para las personas adultas, atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad ni acciones para prevenir actos de discriminación o hechos de violencia contra quienes llegan de otros lados.


Y por ello el gobierno federal se desentiende, a pesar de que la mayoría del desplazamiento reciente en México ha sido consecuencia del control y la gobernanza criminal.


"Mientras el crimen organizado siga teniendo metiendo las manos en este país, va a seguir habiendo desplazamiento, porque no solamente es por la cuestión del narcotráfico, es la cuestión también de los talamontes, es la cuestión del medio ambiente, es la cuestión homofóbica, es la cuestión en general de todo".


Y al final, tampoco hay alternativas ni estrategias que garanticen un retorno seguro, como destacan especialistas.


"Hay mucha incertidumbre, hay miedo para regresar a sus lugares de origen, porque el Estado no les está cumpliendo, tampoco les está dando esas garantías de retorno, porque no hay salvaconductos, no hay salvaguardas para la población", dice Marycely Córdova.


"Yo creo que eso sería el primer avance. Dales nombre, dales identidad y pues con lo que duela reconocer que tenemos cientos de miles de desplazados, cientos de miles desaparecidos, pero pues algo tenemos que hacer todos para poder solucionar esta situación", remata el José Filiberto Velázquez.


Noticias Relacionadas

Más de Meganoticias