Detienen a padre e hijo con 300 armas rumbo a México

Dos hombres originarios de Alabama fueron acusados de traficar más de 300 armas de fuego a México, junto con municiones y cargadores, informó la fiscal general Pamela Bondi en conjunto con el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Los acusados son Emilio Ramírez Cortés, de 48 años, ciudadano mexicano con residencia legal en Estados Unidos, y su hijo Edgar Emilio Ramírez Díaz. Ambos comparecieron por primera vez ante una corte federal en Laredo y permanecerán bajo custodia en espera de una audiencia de detención programada para el 31 de octubre.

"Interrumpir el flujo ilegal de armas hacia México es fundamental en nuestro esfuerzo por desmantelar los cárteles", afirmó la fiscal general Bondi.

"Esta importante incautación demuestra nuestro compromiso con la seguridad de los estadounidenses frente a la brutal violencia de los cárteles", agregó.

"Quienes trafican armas hacia México fortalecen a los cárteles para aterrorizar a inocentes. Esta incautación refleja el enfoque integral del Distrito Sur de Texas para combatir a las organizaciones criminales. Atacaremos cada aspecto de sus operaciones hasta erradicarlas por completo", subrayó Ganjei.

Según la denuncia penal, el 23 de octubre las autoridades detectaron dos vehículos que circulaban en tándem hacia el puerto de entrada Juárez-Lincoln, en Laredo. Ramírez Díaz conducía una Chevrolet Tahoe con placas de Alabama, seguido por su padre en una Chevrolet Silverado con placas mexicanas. Ambos remolcaban trailers utilitarios cerrados de color blanco.

Durante la inspección, agentes federales descubrieron paredes falsas en el interior de los remolques. Al revisar el compartimiento oculto, hallaron más de 300 rifles y pistolas, además de municiones y cargadores de distintos calibres.

De acuerdo con los registros judiciales, los acusados presuntamente habían participado en múltiples operaciones de contrabando de armas a cambio de pagos.

La investigación fue conducida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El fiscal federal adjunto Brandon Scott Bowling está a cargo del caso.