Detienen a secretaria de Bienestar de Uruapan por caso Carlos Manzo
Morelia
Fecha: 29-10-2026
La secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, Rosa Alejandra "N", fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, como parte de las investigaciones por el homicidio del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada durante un operativo realizado en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La intervención se llevó a cabo mediante una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial. Durante el operativo, agentes de la Fiscalía ingresaron al inmueble y ejecutaron la orden de aprehensión contra la funcionaria municipal, cuya posible participación en el caso es materia de investigación.
Tras su detención, Rosa Alejandra "N" fue puesta a disposición de la jueza de control que la requiere, quien deberá determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento judicial.
La Fiscalía precisó que la captura forma parte de las indagatorias relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido mientras se desempeñaba como presidente municipal de Uruapan. Sin embargo, no detalló qué conductas específicas se le atribuyen a la secretaria ni cuáles serían los elementos que sustentan la acusación por encubrimiento por favorecimiento.
Este delito se relaciona, de manera general, con conductas que ayudan a una persona responsable de un delito a eludir la acción de la justicia o a beneficiarse de determinadas circunstancias posteriores a los hechos. La responsabilidad de la funcionaria deberá acreditarse ante las autoridades judiciales.
La detención de una integrante del gabinete municipal representa un nuevo avance dentro de una investigación que busca esclarecer las circunstancias del homicidio del alcalde y establecer si otras personas pudieron intervenir antes, durante o después de la agresión.
La FGE señaló que continuará con las diligencias necesarias para esclarecer el caso y sostuvo que las investigaciones se desarrollan sin distinción de cargos o funciones públicas. Asimismo, destacó la coordinación con las instituciones de seguridad estatales y federales para ejecutar acciones relacionadas con el expediente.
Hasta el momento, la información oficial no establece una resolución judicial sobre la responsabilidad de la funcionaria. Su situación jurídica será definida por la jueza de control, bajo el principio de presunción de inocencia y con respeto al debido proceso.
Las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre las pruebas recabadas durante el cateo ni sobre posibles nuevas órdenes de aprehensión derivadas de esta línea de investigación.
