En México, la deuda alimentaria se ha convertido en una de las principales formas de violencia económica contra niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia que les corresponde por ley. Y el 67.5?% de las madres solteras se enfrentan a la evasión de esta responsabilidad por parte de sus exparejas.
En el Estado de México, el incumplimiento alimentario también se ha institucionalizado mediante un Registro Estatal de Deudores Alimentarios, donde hasta mayo de 2025 se contabilizan poco más de 14 mil personas registradas, en su mayoría, hombres.
Esta cifra convierte a la entidad en la segunda con más casos a nivel nacional.
De acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado de México, en los primeros cinco meses del año se iniciaron mil 143 carpetas de investigación por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
El incumplimiento de las obligaciones alimentarias vulnera los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes y profundiza la inestabilidad económica en hogares encabezados por mujeres.
Actualmente, este registro ya opera en 26 entidades federativas, entre ellas el Estado de México, donde ha comenzado a implementarse como un mecanismo para visibilizar y sancionar a quienes incumplen con sus obligaciones de asistencia familiar.