Desde enero de 2025, cuando Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos, su administración ha intensificado notablemente las acciones contra la inmigración ilegal
En solo seis meses, se informaron más de 300,000 arrestos de inmigrantes indocumentados, según datos oficiales de la Casa Blanca.
De esos detenidos, casi un 70% tenían antecedentes penales o cargos pendientes, lo que según la portavoz gubernamental Karoline Leavitt subraya el enfoque hacia personas consideradas una amenaza para la seguridad pública.
Este operativo forma parte de una campaña masiva y sin precedentes, destinada a lograr deportaciones históricas y controlar la inmigración irregular con un enfoque en la seguridad.
A comienzos de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementó arrestos y redadas, especialmente en ciudades con gran población inmigrante
Trump prometió deportar al menos a un millón de personas ese año, declarando que quienes regresen después de ser deportados enfrentarán penas duras, sin libertad condicional.
Para sostener esta estrategia, el gobierno restauró y reforzó las políticas y permisos legales para que ICE actúe con mayor libertad, incluso en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales, lo que ha generado fuertes críticas y protestas por parte de defensores de los derechos humanos.
Las cifras de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) muestran que, en julio de 2025, los cruces ilegales en la frontera sur con México alcanzaron un punto mínimo histórico, con poco más de 24,600 encuentros reportados a nivel nacional, representando una reducción significativa en comparación con años anteriores.
En el límite con México, las detenciones bajaron 24% respecto al récord previo y un 92% en comparación con el año anterior
Además, ya no se otorgaron liberaciones bajo libertad condicional, una medida destacada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como un éxito para frenar la actividad de los cárteles y recuperar el control fronterizo.
Sin embargo, esta política ha generado numerosas denuncias. Grupos de derechos humanos y activistas critican los métodos empleados en las detenciones masivas y los procesos de deportación, señalando condiciones abusivas en centros de detención como el conocido "Alligator Alcatraz" en Florida.
Las críticas alertan sobre la falta de garantías legales adecuadas y el impacto en las comunidades inmigrantes dentro del país