Ejército mexicano violó a mujer indígena; Corte IDH responsabiliza al Estado
CDMX
Fecha: 16-12-2025
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este martes al Estado mexicano responsable por la violación sexual, las graves lesiones y la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años, ocurrida en febrero de 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz
En su sentencia, notificada hoy, el tribunal concluyó que la agresión sexual fue cometida por integrantes del Ejército mexicano y que, junto con la falta de atención médica oportuna y adecuada, provocó la muerte de la víctima.
También determinó que México incumplió su obligación de investigar los hechos con la debida diligencia y de garantizar el acceso a la justicia a sus hijas e hijos.
Violencia sexual en un contexto de militarización
La Corte acreditó que un día antes de la agresión se había instalado un campamento militar cerca de la vivienda de Ernestina Ascencio, como parte de la estrategia de combate al narcotráfico implementada desde 2006.
El tribunal calificó la violación sexual como un acto de tortura, al considerar que fue intencional, causó sufrimiento físico y psicológico severo y tuvo fines de humillación, intimidación y control.
Falta de atención médica y barreras lingüísticas
Tras la agresión, Ernestina fue trasladada por sus familiares durante cerca de 10 horas en busca de atención médica, hasta que ingresó al Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció sin ser intervenida quirúrgicamente.
La Corte señaló que el Estado violó su derecho a la salud, al no garantizar atención accesible y de calidad, y destacó la ausencia de intérpretes de náhuatl, lo que dificultó la comunicación con el personal médico.
El tribunal concluyó que la investigación fue deficiente, se cerró de manera prematura y estuvo marcada por estereotipos de género, edad y origen étnico. Además, señaló que altos funcionarios del gobierno federal, incluido el entonces presidente, contribuyeron a desacreditar el testimonio de la víctima y su familia.
Los familiares también enfrentaron intimidaciones y obstáculos para acceder a la justicia, lo que vulneró sus derechos a la verdad y a la integridad personal.
La Corte IDH ordenó a México realizar una investigación penal exhaustiva, brindar atención médica y psicológica a los familiares, llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad, capacitar a funcionarios públicos y crear un Registro Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia, entre otras medidas
