Joaquín "El Chapo" Guzmán, es líder del Cártel de Sinaloa, quien fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, expresó desde prisión su preocupación y molestia por las limitaciones en sus comunicaciones legales.
El narcotraficante se quejó de que las autoridades penitenciarias le impiden mantener contacto directo y sin obstáculos con su equipo de abogados.
Mediante una carta manuscrita dirigida al juez Brian Cogan, Guzmán denunció que no se le permite realizar llamadas ni encuentros privados con sus defensores legales, lo que, asegura, afecta su derecho a una defensa justa y adecuada.
Este tipo de restricciones han sido justificadas por las autoridades penitenciarias como medidas de seguridad para evitar posibles planes de fuga, comunicación con redes criminales o coordinación de actividades ilícitas desde la cárcel. Sin embargo, especialistas en derecho penal señalan que negar el acceso pleno a asesoría legal podría representar una violación a los derechos humanos del reo.
El "Chapo" Guzmán fue capturado y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua en 2019. Actualmente cumple su sentencia en una prisión de máxima seguridad, donde las condiciones restrictivas son comunes para evitar que pueda mantener influencia en el exterior.
La defensa de Guzmán prepara un recurso legal para exigir que se respeten sus derechos de comunicación con sus abogados y se garanticen las condiciones necesarias para preparar cualquier trámite judicial futuro.
Este nuevo capítulo en la vida del narcotraficante revive el debate sobre los límites entre seguridad penitenciaria y derechos humanos, un tema recurrente en casos de alta seguridad y de alto perfil mediático como el de Joaquín Guzmán Loera.