El proyecto que pondría en riesgo la justicia ambiental en México

De acuerdo con Greenpeace México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación volverá a discutir este 27 de noviembre un proyecto que podría limitar la herramienta más importante para que organizaciones ambientales acudan a los tribunales: el interés legítimo.

Para Greenpeace y las organizaciones que firman el pronunciamiento, la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel representa un retroceso histórico, pues impediría que colectivos y asociaciones civiles promuevan amparos cuando se vulnera el derecho a un medio ambiente sano, aun cuando esa es precisamente su misión institucional.

Un documento difundido por la asociación advierte que el proyecto pretende restringir la figura del interés legítimo -que permite a organizaciones acudir a tribunales sin necesidad de demostrar un daño personal y directo-, ignorando criterios que la misma Corte ya había adoptado en casos de derechos humanos, educación o migración.

Greenpeace recuerda que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho difuso: su defensa no depende de una sola persona afectada, sino del bienestar colectivo. Por ello, bastaba con que una organización tuviera como objeto social la protección ambiental para que pudiera promover un amparo

En palabras de la propio asociación, revertir ese estándar cerraría la puerta a la defensa de derechos colectivos y limitaría la participación ciudadana en temas donde los daños ambientales pueden extenderse más allá del lugar donde se originan, incluso traspasar fronteras

Escazú y la Corte Interamericana: obligaciones ignoradas

Greenpeace México también subraya que el proyecto contradice el espíritu del Acuerdo de Escazú -tratado del cual México es parte-, que obliga a eliminar barreras para que cualquier persona u organización acceda a la justicia ambiental.

A ello se suman criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-23/17 y OC-32/2025), que insisten en que proteger el ambiente implica garantizar vías efectivas para denunciar daños y exigir reparación.

El boletín advierte que, de aprobarse este criterio restrictivo, la afectación no sería solo para las organizaciones ecologistas: también golpearía a colectivos de derechos humanos, comunidades que enfrentan megaproyectos, víctimas de violaciones graves e incluso causas como libertad de expresión o derechos reproductivos.

Greenpeace México y las organizaciones firmantes piden que la Suprema Corte sostenga una interpretación amplia y garantista del interés legítimo, y reiteran su solicitud de una audiencia pública para ser escuchadas antes de que se vote el proyecto