¿En qué se diferencian los casos de Ruffo y los hermanos Farías?

El combate al robo y tráfico ilegal de combustibles ha colocado nuevamente bajo los reflectores a personajes ligados a la política y al sector empresarial. Sin embargo, aunque los casos del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna comparten como eje común el presunto vínculo con el llamado huachicol, las investigaciones responden a conductas jurídicas distintas.

De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que en el caso de Ruffo la indagatoria se centra en determinar una presunta responsabilidad personal dentro de una red de contrabando de combustibles, el expediente contra los hermanos Farías Lagunes busca acreditar la existencia de una presunta estructura empresarial dedicada de manera sistemática a la importación y comercialización ilegal de hidrocarburos.

Caso Ernesto Ruffo: investigación por presunta responsabilidad individual

El exgobernador panista de Baja California fue detenido por los presuntos delitos de contrabando de combustibles y delincuencia organizada, como parte de una investigación patrimonial y administrativa que se desarrolló durante más de un año por posibles irregularidades relacionadas con el mercado de combustibles.

Según la FGR, se trata de la red de contrabando de combustibles más grande detectada hasta el momento, con operaciones entre 2019 y 2026 mediante 11 empresas establecidas en distintas entidades del país, incluso por encima del caso del buque asegurado en Altamira, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel, dado a conocer previamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Las investigaciones señalan que la estructura comenzó a operar a través de dos empresas: Ingemar, de la que Ruffo Appel es socio fundador, y Servicios Aduanales JR, propiedad de Armando III Riestra Fernández, quien permanece recluido desde enero de 2026 en el penal federal del Altiplano.

De acuerdo con las autoridades, ambas compañías importaban combustibles desde refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos. No obstante, al ingresar los cargamentos a México declaraban únicamente 10% de la capacidad real de cada carrotanque ferroviario, con lo que presuntamente omitían el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La FGR estima que únicamente entre enero y julio de 2025 esta operación provocó un quebranto aproximado de 4 mil millones de pesos para la hacienda pública.

En este expediente, la Fiscalía sostiene que la investigación está enfocada en la presunta participación personal del exmandatario en hechos específicos, con el objetivo de acreditar una eventual responsabilidad individual.

Hermanos Farías Laguna: el foco está en una presunta red empresarial

En contraste, la investigación contra Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna apunta a una presunta estructura empresarial utilizada para la importación, almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles a través de aduanas mexicanas.

La FGR investiga una red que presuntamente involucraría a seis elementos de la Secretaría de Marina, cinco funcionarios civiles y tres empresarios, además de posibles operaciones financieras relacionadas con delincuencia organizada.

Las indagatorias señalan que los hermanos Farías Lagunes habrían participado en el envío de buques con combustible desde Estados Unidos hacia puertos mexicanos, particularmente en Tamaulipas, y que presuntamente se realizaban sobornos a funcionarios responsables de las aduanas administradas por la Marina para permitir el ingreso de los cargamentos.

Además del posible contrabando de hidrocarburos, las autoridades investigan operaciones financieras, presunto enriquecimiento ilícito y un esquema de evasión fiscal de gran escala.

De acuerdo con la información de la FGR y la Procuraduría Fiscal de la Federación, el desfalco atribuido a esta presunta red asciende a alrededor de 600 mil millones de pesos.

Mismo fenómeno, investigaciones distintas

Aunque ambos casos forman parte de la estrategia nacional para combatir el mercado ilegal de combustibles, la naturaleza de las investigaciones es diferente.

En el expediente de Ernesto Ruffo Appel, la Fiscalía busca establecer la presunta responsabilidad de una persona física por hechos concretos relacionados con una operación de contrabando y evasión fiscal.

En el caso de los hermanos Farías Lagunes, el objetivo es desarticular una presunta organización empresarial con implicaciones fiscales, financieras y de delincuencia organizada, cuya operación habría involucrado a servidores públicos y particulares.

Las investigaciones continúan en curso y será la autoridad judicial la que determine, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, la responsabilidad penal de las personas involucradas.