A partir de este viernes 16 de enero de 2026, quedó vigente en todo el país una reforma a la Ley General de Salud que elimina por completo la venta, fabricación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, sin importar si contienen nicotina o no.
La modificación fue avalada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2025 y publicada el jueves en el Diario Oficial de la Federación, lo que marca el inicio formal de su aplicación a nivel nacional.
Prohibición absoluta de cualquier dispositivo de vapeo
La reforma establece que queda estrictamente prohibido el uso de cualquier sistema electrónico o mecánico diseñado para calentar, vaporizar o atomizar sustancias consideradas tóxicas. La medida abarca líquidos, geles, sales, ceras, aceites y aerosoles secos, cerrando la puerta a cualquier modalidad de vapeo.
De acuerdo con el decreto, la restricción es total, ya que aplica tanto a productos con nicotina como a aquellos que se promocionaban como libres de esta sustancia, lo que significa que ningún tipo de vapeador está permitido en México.
Restricciones a toda la cadena comercial
La nueva disposición legal impide adquirir estos dispositivos con fines comerciales, así como participar en su preparación, producción, fabricación, mezclado, envasado, transporte, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta o suministro. La prohibición incluye también los vapeadores desechables o de un solo uso.
Adiós a la publicidad en cualquier medio
La reforma también cancela por completo la publicidad y propaganda de vapeadores y cigarrillos electrónicos en cualquier formato. Quedan prohibidos anuncios impresos, digitales, televisivos, radiales o cualquier otra vía de difusión, con el objetivo de frenar su promoción, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

Quedan sin efecto permisos y autorizaciones
Con la entrada en vigor de la ley, todas las autorizaciones sanitarias otorgadas con anterioridad quedan automáticamente anuladas. Esto implica que negocios, fabricantes o distribuidores que contaban con permisos ya no pueden operar legalmente
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) será la encargada de notificar a las personas y empresas que tenían autorizaciones vigentes para que suspendan de inmediato cualquier actividad relacionada con estos productos.
Sanciones económicas y penales más severas
La ley contempla castigos que incluyen penas de prisión de uno a ocho años para quienes incumplan la norma, además de multas que van de 100 a 2 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Con una UMA fijada en 117.31 pesos, las sanciones económicas oscilan entre 11 mil 731 pesos y hasta 234 mil 620 pesos, con el objetivo de desincentivar por completo la comercialización y uso de vapeadores en el país.
Endurecimiento de la política sanitaria
Con esta reforma, las autoridades federales buscan frenar de manera definitiva la circulación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, al considerar que representan un riesgo significativo para la salud pública. La aplicación de sanciones penales y económicas marca un endurecimiento en la política sanitaria y coloca la responsabilidad legal tanto en vendedores como en distribuidores para cumplir con la nueva legislación.