La discusión sobre la pena de muerte en Estados Unidos volvió a encenderse tras la publicación de un informe que, más que números, exhibe fallas estructurales
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) sostiene que, desde 1973, al menos 21 personas "probablemente inocentes" fueron ejecutadas, la mayoría afroamericanos y latinos. Y la cifra, advierte la organización, podría ser aún mayor
Lejos de tratarse de episodios aislados, el informe Fatal Flaws: Innocence, race and wrongful convictions afirma que las condenas equivocadas siguen patrones identificables: testimonios falsos, confesiones obtenidas bajo presión, policías y fiscales que actúan fuera de norma, y jurados sin diversidad racial.
Para los investigadores, estos elementos no solo influyen en errores judiciales, sino que los hacen previsibles.

Uno de los datos más contundentes del documento es que más de la mitad de los casos de ejecutados posiblemente inocentes corresponden a personas de minorías étnicas, 11 en total. Y en el 76 % de esos procesos, la víctima era blanca, un factor que históricamente ha incrementado la severidad de las sentencias
Casos que revelan las grietas
La ACLU recupera historias como la de Carlos DeLuna, ejecutado en Texas en 1989 tras una identificación errónea; y la de Leo Jones, condenado por un jurado exclusivamente blanco en Florida pese a una confesión obtenida bajo coerción.
Ambos casos se convirtieron en ejemplos emblemáticos de cómo fallas procesales pueden terminar en consecuencias irreversibles.
El informe también revisa las más de 200 exoneraciones de sentenciados a muerte, entre quienes 108 eran afroamericanos.

En ese grupo destaca Glynn Simmons, liberado en 2023 después de pasar 48 años en prisión por un crimen que no cometió
Un panorama que se agrava
La publicación llega en un momento crítico: 2025 suma ya 43 ejecuciones, un aumento del 72 % respecto al año anterior.
El repunte tiene un epicentro claro: Florida, que concentra 16 de las ejecuciones y rompió su récord anual apenas en julio.

Para la abogada Megan Byrne, del Proyecto de Pena Capital de la ACLU, el problema no es un error ocasional, sino un sistema construido sobre desigualdades históricas. "La pena de muerte -afirma- nació sobre bases racistas, y los datos lo confirman"