Migración: Ingresaron legalmente, pero terminaron en una celda salvadoreña
Al menos cincuenta ciudadanos venezolanos que ingresaron de manera legal a Estados Unidos fueron trasladados por la administración de Donald Trump a la prisión de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, según una investigación reciente del Instituto Cato
Esta cárcel salvadoreña es conocida internacionalmente por las denuncias de violaciones a los derechos humanos y por sus condiciones extremadamente restrictivas.
El informe de Cato revela que estos migrantes no infringieron las leyes migratorias estadounidenses. Entre ellos se encuentran personas con visas temporales y cuatro hombres admitidos a través del programa de refugiados, quienes fueron autorizados a residir en Estados Unidos tras una evaluación oficial que determinó que corrían peligro en su país de origen.
Además, otros 45 migrantes gestionaron su ingreso mediante la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que permitía programar citas para solicitar entrada legal al país.
De este grupo, 24 recibieron libertad condicional, lo que les permitió vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos hasta por dos años, mientras que los 21 restantes fueron detenidos en el puerto de entrada para presentar sus casos.
A pesar de que la Casa Blanca sostenía que los expulsados eran "extranjeros ilegales", la investigación demuestra que al menos 50 de los 90 migrantes venezolanos identificados habían seguido los procedimientos legales para ingresar
El número real podría ser aún mayor, ya que el gobierno de Trump se ha negado a proporcionar información completa sobre los casos de los migrantes encarcelados en el Cecot.
La decisión de trasladar a más de 230 migrantes, la mayoría venezolanos, a esta prisión en El Salvador a mediados de marzo de 2024, generó una fuerte reacción tanto en el ámbito nacional como internacional.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y expertos legales han criticado duramente la medida, señalando que se trata de una deportación sin el debido proceso y que representa un grave retroceso en materia de protección a los derechos de los migrantes.
El gobierno de Trump justificó estas expulsiones amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1789 utilizada históricamente en situaciones de guerra
Esta decisión ha sido ampliamente cuestionada, no solo por la oposición demócrata, sino también por juristas que advierten sobre una posible crisis constitucional, ya que la ley fue aplicada en un contexto ajeno a un conflicto bélico y afectando a personas que habían sido admitidas legalmente en el país.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos intervino prohibiendo que el gobierno continuara con las expulsiones a El Salvador mientras se resuelven las demandas presentadas en instancias judiciales inferiores.
Esta situación ha puesto en el centro del debate la política migratoria estadounidense y el respeto a los derechos de quienes buscan protección, especialmente cuando se trata de personas que han cumplido con todos los requisitos legales para ingresar al país.