La revisión se enmarca en la política de "Estados Unidos Primero", impulsada durante la actual agenda de seguridad estadounidense y respaldada por el secretario de Estado Marco Rubio, y contempla evaluar el funcionamiento de los 53 consulados mexicanos en territorio estadounidense.
México mantiene la red consular más amplia de cualquier país en Estados Unidos, con servicios clave para millones de migrantes. Sin embargo, el proceso ocurre en un contexto de creciente fricción bilateral por temas de narcotráfico, cooperación en seguridad e inteligencia, así como investigaciones contra funcionarios mexicanos.
El reporte surge semanas después de un operativo antidrogas en el norte de México en el que murieron agentes estadounidenses y mexicanos, identificados posteriormente como personal vinculado a la CIA, lo que desató cuestionamientos diplomáticos.

La tensión aumentó aún más tras señalamientos e investigaciones en Estados Unidos contra figuras políticas mexicanas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico. México respondió solicitando pruebas formales mediante una nota diplomática.
En paralelo, la embajada estadounidense en México ha sostenido que el combate al crimen organizado es un objetivo compartido, mientras que el debate sobre soberanía, operaciones de inteligencia y posibles acciones unilaterales sigue escalando.
La eventual revisión de consulados se interpreta como una nueva señal de endurecimiento en la relación bilateral, marcada por tensiones crecientes entre cooperación en seguridad y fricciones diplomáticas.