El gobierno de Donald Trump abrió un nuevo frente contra el crimen organizado en México: ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares a cambio de información que permita desmantelar las redes de robo y comercialización ilegal de combustible que generan ganancias millonarias para los cárteles mexicanos.
A través del programa Recompensas por la Justicia, impulsado por el Departamento de Estado, Estados Unidos busca identificar y desarticular las estructuras financieras que sostienen a organizaciones criminales designadas por Washington como terroristas.
"Los cárteles del narcotráfico generan cientos de millones de dólares a partir del robo y la reventa de combustible (huachicol) y otras actividades financieras ilícitas", advirtió el gobierno estadounidense.

Ocho organizaciones criminales en la mira
La iniciativa señala a seis organizaciones criminales mexicanas: el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel de Sinaloa, Cárteles Unidos y La Nueva Familia Michoacana.
También incluye a la organización centroamericana Mara Salvatrucha (MS-13) y al grupo colombiano Tren de Aragua.
De acuerdo con el Departamento de Estado, estos grupos han cometido actos de violencia y terrorismo generalizados y participan en diversos esquemas para obtener recursos económicos, entre ellos el robo de combustible.
Washington también los vincula con actividades como el tráfico de drogas, las operaciones inmobiliarias y los secuestros.
EE.UU. busca rastrear el dinero de los cárteles
La recompensa no se limita a información sobre tomas clandestinas o negocios dedicados al huachicol. Estados Unidos pretende identificar toda la estructura financiera que permite a estas organizaciones lavar, transferir y multiplicar sus ganancias.

Entre las operaciones que busca detectar se encuentran:
Washington aprieta el cerco financiero
El gobierno de Donald Trump asegura que las actividades de estas organizaciones han provocado el ingreso de drogas mortales, criminales violentos y grupos delictivos a territorio estadounidense.
Con esta estrategia, Washington busca golpear no solamente las operaciones criminales, sino también las fuentes de financiamiento que permiten su expansión y funcionamiento.
La oferta de hasta 10 millones de dólares coloca al huachicol en el centro de la estrategia estadounidense contra las finanzas del crimen organizado transnacional.