Exagente de la DEA, acusado de lavar dinero del narcotráfico

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este martes que México pidió formalmente información a Estados Unidos sobre un exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA) acusado de lavar dinero ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más grandes del país.

Según explicó, la solicitud se hizo al Departamento de Justicia estadounidense y a la Embajada de Estados Unidos en México, aunque por ahora no hay más datos que los difundidos por la prensa.

La reacción del Gobierno mexicano ocurre después de que, el viernes pasado, Paul Campo, un exagente de 61 años, fuera acusado en una corte federal de Nueva York por presuntamente participar en una red para blanquear dinero del CJNG. De acuerdo con información publicada por The New York Times, Campo trabajó alrededor de 25 años en la DEA, tanto en Nueva York como en el área de operaciones financieras, donde llegó a ocupar el cargo de subdirector.

El caso tomó mayor dimensión porque, según la investigación, Campo habría trabajado junto a su socio Robert Sensi, de 75 años, con quien presuntamente lavó cerca de 750 mil dólares. Para que cualquier persona se dé una idea, esta cantidad equivale, por ejemplo, a comprar unas 30 camionetas compactas o construir más de cien viviendas pequeñas en algunas zonas rurales. Ambos también habrían acordado aumentar el monto del blanqueo a 12 millones de dólares, una cifra que representa un flujo millonario capaz de sostener operaciones criminales de gran escala.

A pesar de las acusaciones, el diario neoyorquino señaló que no existen pruebas de que Campo o Sensi tuvieran contacto directo con integrantes reales del CJNG, ni de que el dinero que usaron fuera propiedad del grupo. Esto sugiere que la investigación pudo haberse realizado mediante operaciones encubiertas o escenarios simulados, un método común en casos de delitos financieros y narcotráfico.

Sin embargo, la falta de contacto directo no evitó que ambos fueran acusados de delitos graves. Entre los cargos mencionados están conspiración para cometer narcoterrorismo, distribución de narcóticos, apoyo material a una organización terrorista y lavado de dinero. Estos delitos, si se llegaran a comprobar, pueden implicar sentencias de décadas en prisión dentro del sistema judicial estadounidense.

El CJNG se mantiene en la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos debido a su tamaño, presencia internacional y capacidad de violencia. Desde hace años es señalado como uno de los cárteles más poderosos del mundo, junto al Cartel de Sinaloa. Esta clasificación explica por qué cualquier vínculo, real o simulado, con sus operaciones financieras es tratado como un asunto de alta prioridad para Washington.

La investigación contra Campo y Sensi también ha generado interés porque revela que incluso funcionarios con una larga trayectoria en agencias de seguridad pueden quedar envueltos en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Para México, el caso es relevante porque involucra a un exmiembro de la agencia estadounidense que, en teoría, debería combatir a los cárteles. Por eso, el Gobierno mexicano insiste en obtener información oficial que permita aclarar los hechos.

Por ahora, las autoridades mexicanas esperan la respuesta de Estados Unidos mientras el proceso judicial continúa en Nueva York. El caso podría abrir un nuevo capítulo en la cooperación bilateral en materia de seguridad, especialmente en temas sensibles como el combate al lavado de dinero y la supervisión de agentes extranjeros que operan o han operado cerca de México.