Un amparo le permitió al exgobernador de Puebla, Mario Marín abandonar el penal de máxima seguridad; usará brazalete electrónico mientras enfrenta el proceso por tortura en prisión domiciliaria.
El "gober precioso", dejó el penal federal de El Altiplano luego de que un juez le concediera un amparo para continuar el proceso penal en prisión domiciliaria en su residencia de Xilotzingo, Puebla.
La resolución se basó en los argumentos presentados por su defensa sobre su estado de salud y su edad, superior a los 70 años. Entre los padecimientos expuestos se encuentran problemas en la garganta y los pulmones. Como parte de las medidas cautelares, Marín permanecerá bajo vigilancia mediante un brazalete de localización electrónica.
El amparo se promovió desde 2025
El beneficio judicial deriva de un amparo promovido en 2025, con el que la defensa del exmandatario buscó revertir su permanencia en un penal de máxima seguridad. Sus abogados argumentaron presuntas violaciones a sus derechos y sostuvieron que no existían elementos suficientes para acreditar un riesgo de fuga.
Con esta resolución, Mario Marín enfrentará el proceso desde su domicilio, aunque continuará sujeto a las condiciones impuestas por la autoridad judicial.
Una carrera política marcada por la polémica
Abogado de profesión y militante del PRI durante cinco décadas, Mario Marín fue presidente municipal de Puebla entre 1999 y 2002 y posteriormente gobernador del estado de 2005 a 2011.
Nacido el 28 de junio de 1954 en Nativitas Cuautempan, Puebla, es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Antes de llegar a la gubernatura ocupó diversos cargos, entre ellos juez de lo familiar, secretario general del Tribunal Superior de Justicia, secretario de Gobernación estatal durante la administración de Manuel Bartlett Díaz y dirigente estatal del PRI.
El caso Lydia Cacho, el escándalo que marcó su legado
La trayectoria política de Marín quedó marcada por el caso de la periodista y escritora Lydia Cacho, quien en 2005 publicó el libro Los demonios del Edén, donde denunció una presunta red de explotación sexual infantil que involucraba al empresario Kamel Nacif.

Ese mismo año, Cacho fue detenida en Cancún y trasladada por carretera a Puebla, un operativo que posteriormente denunció como un acto de persecución y tortura. El caso escaló a nivel nacional e internacional y, con el paso de los años, derivó en el proceso penal que hoy mantiene al exgobernador enfrentando acusaciones por el delito de tortura, ahora desde prisión domiciliaria.