Diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron el esclarecimiento de los casos de extorsión que se han registrado en la región Laguna. El coordinador de la fracción en el Congreso, Ernesto Alanís Herrera, señaló que, aunque se espera que se presenten denuncias formales, la información sobre las irregularidades ya se ha hecho pública y requiere investigación.
Alanís Herrera afirmó que su bancada está en contra de cualquier tipo de extorsión o intimidación que afecte a los sectores productivos y a la ciudadanía en general. Subrayó que es fundamental que las investigaciones lleguen "a las últimas consecuencias", para garantizar la seguridad de la población y proteger la actividad económica en la región.
Por su parte, la diputada Sughey Torres destacó la necesidad de crear una comisión investigadora en el Congreso del Estado. Esta instancia tendría el objetivo de dar seguimiento a los casos denunciados, acompañar a los denunciantes y asegurar que las autoridades competentes atiendan las denuncias de manera efectiva. Sin embargo, Torres insistió en que es indispensable que las denuncias se presenten formalmente ante las organizaciones sindicales implicadas, para que la investigación pueda avanzar dentro del marco legal.
Ambos legisladores coincidieron en que la situación en La Laguna refleja un problema persistente que no solo afecta a empresarios y trabajadores, sino que también pone en riesgo la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y la seguridad.
El PRI anunció que continuará vigilante del desarrollo de los casos y que dará seguimiento a cualquier denuncia presentada, buscando que se implementen medidas efectivas de prevención y sanción. Asimismo, reiteró su disposición a coordinarse con autoridades locales y federales para abordar la problemática de manera integral y proteger a quienes puedan verse afectados por extorsiones o amenazas.
El llamado de los legisladores se produce en un contexto donde la región Laguna ha reportado un aumento en casos de intimidación y presión económica hacia comerciantes y trabajadores, lo que resalta la importancia de contar con mecanismos de denuncia claros, efectivos y seguros para los afectados.