Un juez federal determinó la suspensión de la causa penal contra Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), con lo que quedó exonerado del delito de ejercicio ilícito del servicio público, tras el incendio de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron lesionados.
La decisión fue tomada tras una audiencia de más de siete horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, extingue la acción penal contra el exfuncionario y surte efectos de sentencia absolutoria, por lo que no contará con antecedentes penales.
El juez Víctor Manlio Hernández Calderón resolvió dar por concluido el proceso al considerar que Garduño cumplió con las condiciones impuestas el 24 de enero de 2025 para acceder a la suspensión condicional del proceso, otorgada con un plazo de 18 meses.
Entre los requisitos acreditados por la defensa se encuentran el pago de indemnizaciones, capacitaciones en materia de derechos humanos y protección civil, así como una disculpa pública. Durante la audiencia, la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó objeciones y explicó que el exfuncionario instruyó un fideicomiso por 3.5 millones de pesos para indemnizar a víctimas pendientes.
"Si alguna vez hice daño a alguien, pedirles y suplicarles me disculpen. También soy humano, también tengo problemas de salud y crisis psicológicas", manifestó Garduño ante la autoridad judicial antes de escucharse el fallo.
Víctimas rechazan fallo e impugnarán la resolución
A las afueras e interior del recinto, el ambiente se mantuvo tenso. Francisco Garduño fue recibido por manifestantes con consignas de justicia, mientras que familiares de las víctimas mortales expresaron en la sala su desacuerdo con la resolución al señalar un cumplimiento apenas parcial de las condiciones.
Marcos Zavala, asesor jurídico de las víctimas, confirmó que apelarán e impugnarán la resolución del juez federal. Asimismo, recordó que de manera paralela se mantienen abiertos siete procesos federales relacionados con la tragedia ocurrida la noche del 27 de marzo de 2023.
El siniestro se originó cuando un grupo de migrantes prendió fuego a colchones dentro de las instalaciones en protesta por las condiciones del encierro. De acuerdo con las investigaciones, ni el personal del INM ni los agentes de seguridad privada abrieron las celdas ante la propagación del humo, lo que atrapó a las víctimas.
Además de las 40 personas fallecidas y las 27 lesionadas, 15 mujeres sobrevivientes presentan secuelas de estrés postraumático, sin que hasta la fecha hayan sido acreditadas formalmente dentro del registro de víctimas.
