Explosivos en México: el subregistro de la guerra

Mientras los estados reportan 5 mil 808 explosivos y 642 víctimas directas entre 2018 y 2025, las Fuerzas Armadas registran miles de granadas adicionales que no aparecen en las bases estatales. En nueve entidades, los registros oficiales consignan cero incidentes pese a que existe evidencia pública de ataques con drones, minas y coches bomba.

México no ha declarado una guerra. Pero en distintas regiones del país hay caminos rurales convertidos en zonas de riesgo, drones capaces de lanzar explosivos, minas enterradas y vehículos que detonan en espacios públicos.

Hay también otra forma de violencia menos visible: la que ocurre cuando un ataque existe, deja víctimas y aun así desaparece de las estadísticas oficiales.

Una investigación de la Unidad de Investigaciones de Meganoticias, realizada en colaboración con Meganoticias Guadalajara, León, Zamora y Morelia, cruzó solicitudes de información, documentos oficiales y evidencia pública. El resultado revela una contradicción difícil de explicar: las cifras de los gobiernos estatales no coinciden con los registros de las fuerzas federales ni con hechos documentados en el territorio.

La diferencia no es menor.

Entre 2018 y 2025, los estados reportaron 2 mil 362 granadas encontradas. En el mismo periodo, Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional reportaron 14 mil 792.

Son 12 mil 430 granadas de diferencia.

En el caso de los morteros, la brecha es todavía más evidente: Defensa Nacional reportó 40 incautados, mientras que los estados reportaron cero.

El problema, por tanto, no es solamente cuántos explosivos existen. Es saber qué tan completa es la fotografía que el Estado tiene de una de las formas más peligrosas de violencia criminal que enfrenta el país.

Una violencia que dejó de ser excepcional

La utilización de explosivos por grupos criminales ya no se limita a un tipo de artefacto ni a una región específica.

Minas terrestres, artefactos caseros, paquetes bomba, coches bomba y explosivos lanzados mediante drones forman parte de una violencia que ha sido documentada en Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Baja California, Estado de México, Guerrero y Sinaloa, entre otras entidades.

En algunas de ellas, sin embargo, las bases oficiales consultadas registran cero incidentes.

Ese cero es uno de los datos centrales de esta investigación.

Porque no necesariamente significa que no haya ocurrido nada. En algunos casos, la evidencia disponible públicamente muestra exactamente lo contrario.

En Chiapas, por ejemplo, los registros oficiales consignan cero incidentes, pese a que en municipios como Chicomuselo y Pantelhó se documentaron ataques con drones y desplazamientos de población. Entre julio y agosto de 2024 se reportaron al menos cuatro ataques con explosivos, mientras más de 400 personas huyeron de sus comunidades.

En Guanajuato, el registro oficial también aparece en cero. Pero entre 2021 y 2024 fueron documentados al menos tres episodios relacionados con explosivos, entre ellos ataques con coches bomba, drones y granadas.

Uno de esos hechos ocurrió en septiembre de 2021, cuando un paquete explosivo entregado como supuesto regalo detonó en el restaurante Barra 1604, en Salamanca.

El propietario murió y varias personas resultaron heridas.

Eduardo Zapata Arredondo sobrevivió, pero perdió prácticamente por completo la audición del oído derecho.

"Justo cuando iba pasando para subir mis cosas truena eso, yo ni siquiera escuché la explosión, yo nada más sentí que algo me aventó al suelo y perdí la fuerza de las manos y de los pies", recuerda.

Después de la explosión, explica, dejó de escuchar por uno de sus oídos.

"De este oído ya no escucho, escucho ya en porcentaje un 20 por ciento y la capacidad de escuchar agudos con este no puedo".

Su caso es una muestra de la distancia entre la violencia que experimentan las personas y la violencia que terminan registrando las instituciones.

Nueve estados y un mismo cero

La investigación identificó nueve entidades que reportaron cero incidentes, pese a existir evidencia pública, documentada y verificada de violencia con explosivos.

Zacatecas es uno de esos casos.

Aunque las estadísticas oficiales consignan cero, entre 2024 y 2026 se documentaron al menos seis incidentes, incluidos ataques con drones explosivos y minas terrestres.

En diciembre de 2025, un artefacto explotó al paso de una patrulla de la Policía Estatal en un camino de terracería en Luis Moya. Un mes después, policías estatales fueron atacados con drones explosivos mientras patrullaban el tramo carretero entre Villanueva y Tabasco.

En Sonora, el registro estatal también aparece en cero. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha confirmado ataques con drones. Entre 2024 y 2025 se documentaron al menos siete incidentes, principalmente en Caborca.

En diciembre de 2024, incluso, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional destruyeron una bomba lanzada desde un dron.

Baja California ofrece otro ejemplo.

En octubre de 2025, un dron cargado con explosivos atacó las instalaciones de la Fiscalía Antisecuestros en Tijuana. El hecho fue reconocido públicamente por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien lo calificó como un acto elaborado en respuesta al trabajo de la Fiscalía estatal.

Pese a ello, la base oficial analizada reporta cero incidentes.

En el Estado de México, el registro también marca cero. Sin embargo, en marzo de 2026 una camioneta explotó en la carretera México-Pachuca, a la altura de Tecámac. En el vehículo viajaba Efraín Beltrán, alias "El Payín", señalado como presunto integrante del Cártel de Sinaloa. La principal línea de investigación apuntó a la colocación de un explosivo activado de manera remota.

Guerrero presenta otra contradicción.

Las estadísticas oficiales tampoco registran incidentes, mientras comunidades de la Montaña Baja han denunciado ataques con drones y desplazamientos.

En mayo de 2026, habitantes de Alcozacán denunciaron la entrada de integrantes de Los Ardillos y ataques con armas de alto calibre y drones.

"Los Ardillos están entrando a la comunidad de Alcozacán. Continúan los disparos de armas de alto calibre y los ataques con drones sobre nuestras comunidades", denunciaron habitantes desplazados.

En otro mensaje, pobladores pidieron ayuda ante lo que describieron como un cerco criminal.

"Los niños están sufriendo, no comemos, apóyennos", reclamaron.

En Sinaloa, uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado, la estadística también reporta cero. Pero durante 2025 fueron documentados al menos tres ataques y dos hallazgos de explosivos y drones armados en zonas serranas.

Aguascalientes completa el cuadro: cero incidentes en los registros consultados, aunque se han reportado morteros incautados y, en marzo, explosivos y un dron armado localizado en los límites con Zacatecas.

5 mil 808 explosivos y solo 12 investigaciones

La dimensión nacional resulta todavía más inquietante cuando se observa desde el sistema de justicia.

Los estados reconocieron 5 mil 808 explosivos y 642 víctimas directas.

Pero las autoridades reportaron únicamente 79 detenidos y 12 carpetas de investigación relacionadas con este fenómeno.

La distancia entre las cifras de víctimas y artefactos, por un lado, y las investigaciones y detenciones, por otro, plantea una pregunta elemental: ¿cuánto de esta violencia llega realmente a una investigación penal?

En Michoacán y Jalisco, la impunidad reportada en la investigación supera el 98 por ciento.

Es decir, la mayoría de los ataques registrados no termina con un responsable identificado y llevado ante la justicia.

Y si una parte de los hechos ni siquiera aparece en las estadísticas estatales, el problema comienza antes de la impunidad: en el momento mismo en que el Estado registra el fenómeno.

Michoacán: cuando una mina mata a un niño

Michoacán concentra una parte importante de la violencia explosiva documentada.

En febrero de 2025, en una huerta de limón de Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista, Pablo murió después de la explosión de una mina presuntamente colocada por grupos criminales.

Su madre, Mayra Alejandra Buenrostro, todavía exige que el terreno sea limpiado.

"No se recuperó completamente el cuerpo de mi niño, me entregaron poco de mi niño, porque según explotó otra mina", relata.

Después explica que todavía quedaron restos en el lugar.

"Dejaron ahí más cuerpecitos de mi niño porque explotó una mina y les dio miedo a seguir recogiendo los pedacitos de mi niño y yo quiero que ahí más que nada limpien esa zona para ponerle la cruz a mi niño".

La historia no termina con la explosión.

El terreno permanece asociado al peligro y la familia continúa reclamando que las autoridades intervengan.

En diciembre de 2025, en Coahuayana, otro episodio mostró una modalidad distinta: un coche bomba explotó en una zona donde se instalaba un tianguis.

Evangelina Contreras Ceja estaba ahí.

"De pronto pensé que era un rayo, pero se cimbró todo y dije esto no fue un rayo", recuerda.

Después encontró un escenario de vehículos incendiados y personas heridas.

"El cuadro que uno se encuentra no era fácil, las camionetas prendidas, los heridos porque fue donde estaban todos los comercios, había niños. El impacto fue tan fuerte".

En medio del caos, solo pudo retirarse.

"Me fui sin saber qué hacer en ese momento".

Y entonces apareció la dimensión que resume el miedo provocado por esta violencia:

"Me senté en un sillón y dije qué estamos viviendo, estos actos terroristas".

32 eventos explosivos en una región

El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán ha documentado, desde 2022, 32 eventos explosivos, con 35 muertos y 53 heridos.

Entre los fallecidos hay 18 militares.

Entre los heridos, un niño de apenas dos años.

El consejero académico del observatorio, sostiene que el problema trasciende los ataques individuales.

"El abandono del Estado respecto a sus actividades sustantivas de seguridad hacia la población ha permitido que zonas de nuestro territorio, junto con la población que las habita, se encuentren dentro del campo de dominio de los grupos criminales", señala.

El observatorio documentó, por ejemplo, el caso de un jornalero agrícola herido en julio de 2023, cuando un artefacto lanzado por un dron impactó el techo de lámina de su vivienda.

También registró el caso de un niño de dos años que resultó lesionado en una extremidad inferior por la detonación de otro explosivo lanzado desde un dron.

Para consejero académico del observatorio, la respuesta institucional ha sido insuficiente.

"El Estado no solamente actúa tardíamente sino que además no moviliza todos los recursos institucionales a su alcance, nacionales e inclusive de cooperación internacional en el caso de categorizar este tipo de eventos como eventos terroristas", afirma.

El observatorio asegura que antes de acudir a instancias internacionales, incluida la ONU, buscó respuestas ante autoridades municipales, estatales y federales.

La respuesta, sostiene, no llegó.

Jalisco: la amenaza que obligó a crear un grupo antibombas

Jalisco muestra otra dimensión del fenómeno.

En febrero de 2026, un coche bomba mató al capitán Leonel Cardoso, integrante de la Guardia Nacional, en San Juan de los Lagos.

En otra operación, un elemento especializado en desactivación de explosivos sobrevivió a la detonación de una mina antipersona oculta en una brecha de Zicopo, en Unión de Tula.

"Detona la unidad en la que estaba su servidor, fue una mina, la explosión viene desde abajo de mi unidad, la que iba manejando y la cual nos detonaron vía remota", relata.

La onda expansiva le provocó sordera en el oído derecho y contusiones.

El riesgo es tan concreto que Jalisco creó un grupo especializado con características similares a los equipos TEDAX europeos, dedicado a responder ante escenarios con explosivos.

Su trabajo comienza incluso después de la primera detonación.

"Llegamos al lugar de los hechos, acordonamos la zona a 100 metros y nos encargamos de buscar un posible segundo artefacto explosivo, o un tercero o un cuarto", explica un elemento del grupo.

El uso de drones también forma parte de ese protocolo.

"El dron es importante porque pueden activarlo a distancia", señala.

En Jalisco se han localizado artefactos caseros activados remotamente en municipios como Jilotlán de los Dolores, Puerto Vallarta, Tapalpa, La Trinidad y Mazamitla.

La existencia de una unidad especializada plantea por sí misma una pregunta incómoda: si el fenómeno fuera marginal, ¿por qué una entidad necesita una estructura especializada para enfrentarlo?

La tecnología cambia la violencia

Los explosivos también revelan una transformación tecnológica del crimen organizado.

El dron convierte al agresor en una figura cada vez más distante del objetivo. Una mina permite atacar desde el subsuelo. Un vehículo puede convertirse en una bomba. Un paquete aparentemente cotidiano puede ocultar un mecanismo letal.

David Saucedo, experto en seguridad, describe esta evolución como parte de la disputa entre organizaciones criminales.

"Me pesa mucho decirlo, pero en realidad estamos en manos de las decisiones en los cuarteles generales del Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros cárteles", afirma.

Y añade:

"Todo está en función de las decisiones que ellos tomen y en su lógica de exterminio que realizan en contra de organizaciones rivales".

La explicación apunta a una disputa territorial en la que las organizaciones utilizan cada vez más herramientas para controlar rutas, comunidades y zonas estratégicas.

Los datos disponibles muestran que Michoacán supera los 3 mil artefactos, Jalisco rebasa los 2 mil, Chihuahua supera los 260 y Sinaloa acumula más de 200.

No se trata, por tanto, de una sucesión aleatoria de explosiones.

El patrón aparece vinculado a disputas criminales, control territorial y utilización de nuevas capacidades para atacar tanto a rivales como a fuerzas de seguridad y población.

El discurso oficial y el territorio

La dimensión de esta violencia contrasta con el discurso político de los últimos años.

En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que existieran regiones de México dominadas por el crimen organizado.

"Que había regiones de México dominadas por el narco, eso es falso", afirmó.

En la misma intervención sostuvo:

"No hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad".

Dos años después, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió una lectura distinta sobre las prioridades de la población y sostuvo que, en muchos estados, los ciudadanos no identificaban la seguridad como su principal problema.

La discusión política sobre si México vive o no una guerra, por tanto, puede terminar desplazando una pregunta más concreta: ¿qué está ocurriendo en los territorios donde grupos criminales utilizan explosivos y las estadísticas oficiales no lo reflejan?

No hace falta utilizar la palabra "guerra" para describir la existencia de minas, coches bomba, drones explosivos, ataques contra policías y militares y comunidades desplazadas.

Tampoco hace falta asumir que todos los episodios responden a una misma organización.

Lo que sí muestran los datos es la existencia de un fenómeno criminal que, en determinadas regiones, ha alcanzado capacidades que hace algunos años parecían extraordinarias.

El problema no es solo la violencia: es el registro de la violencia

La principal revelación de esta investigación no está únicamente en el número de explosivos.

Está en la diferencia entre las bases de datos.

Si una dependencia federal registra 14 mil 792 granadas y los gobiernos estatales registran 2 mil 362, el problema ya no puede reducirse a un hecho aislado.

Lo mismo ocurre con los morteros: 40 para Defensa Nacional, cero para los estados.

Y vuelve a aparecer cuando una entidad reporta cero incidentes mientras existe evidencia pública de ataques con drones, minas o coches bomba.

Una estadística no es únicamente un número. Es la forma en que el Estado reconoce un problema, lo dimensiona y decide dónde colocar recursos.

Un fenómeno mal registrado puede ser también un fenómeno mal atendido.

Si no existe una base homogénea que permita saber dónde, cuándo y cómo se utilizan explosivos; si las víctimas no aparecen de manera consistente; si los incidentes no generan carpetas de investigación y si las autoridades estatales y federales presentan cifras que no coinciden, entonces la primera falla no ocurre en la persecución criminal.

Ocurre en la capacidad institucional para saber exactamente qué está pasando.

Una guerra que nadie llama guerra

Desde 2022, el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán ha documentado decenas de eventos explosivos. Jalisco mantiene equipos especializados. En varias entidades se han registrado drones armados. Familias han abandonado comunidades. Policías y militares han muerto o resultado heridos.

Y, al mismo tiempo, nueve gobiernos estatales reportan cero incidentes.

La contradicción obliga a mirar más allá de la discusión semántica sobre si México está o no en guerra.

El problema es otro.

Hay regiones donde la violencia criminal ya incorpora herramientas propias de un conflicto de alta intensidad. Hay comunidades que viven bajo amenaza. Hay víctimas que quedaron mutiladas o perdieron la vida. Y hay miles de artefactos que aparecen en registros federales pero desaparecen de las estadísticas estatales.

México puede no haber declarado una guerra.

Pero cuando un Estado no logra contar de la misma manera los explosivos que circulan en su territorio, tampoco puede saber con precisión la dimensión de la guerra que algunos grupos criminales libran entre ellos.

Y esa es quizá la parte más inquietante del problema: la violencia puede ser más grande que la estadística construida para medirla.