¿Exámenes o represalias? La evaluación que puso en jaque al Poder Judicial
CDMX
Fecha: 11-11-2026
El Poder Judicial suspendió actividades durante cuatro días por el temor de sus trabajadores a que un nuevo sistema de evaluación pusiera en riesgo sus empleos. El paro comenzó el 6 de noviembre y terminó con la abrogación del acuerdo que lo detonó.
El temor detrás de las evaluaciones
El 5 de noviembre, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicó el acuerdo AG-POAJ-025/2026, que establecía evaluaciones periódicas para el personal de carrera judicial, incluidos secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
El esquema contemplaba exámenes de conocimientos y otros criterios para medir el desempeño. Sus resultados podían determinar la vigencia de las constancias de evaluación y, en caso de una calificación negativa, derivar en la separación del cargo.
El Órgano de Administración Judicial aseguró que la primera evaluación, prevista para diciembre, sería diagnóstica y no tendría consecuencias laborales inmediatas. Sin embargo, los trabajadores cuestionaron el alcance del mecanismo y temieron que pudiera utilizarse para justificar despidos o represalias.
Julia García: el riesgo de los criterios subjetivos
En entrevista con Abel Martínez, en Meganoticias Informa, el viernes 6 de noviembre, primer día del paro, Julia García González, magistrada en retiro y directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), señaló que el problema no era evaluar los conocimientos, sino los criterios subjetivos del procedimiento.
Advirtió que la intervención de los superiores jerárquicos en las calificaciones podía abrir la puerta a decisiones discrecionales y represalias contra los trabajadores. La preocupación, explicó, era que la evaluación dejara de ser una herramienta para profesionalizar al personal y se convirtiera en un mecanismo de presión.
Cuatro días de paro y negociación
La suspensión de actividades se extendió a 16 estados y cuatro sedes de la Ciudad de México. Los trabajadores exigieron retirar el acuerdo y garantías para proteger su antigüedad y estabilidad laboral.
El 7 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial y representantes de los tres sindicatos acordaron modificar el esquema: eliminar su carácter sancionatorio, descartar evaluaciones extraordinarias solicitadas por titulares de juzgados y tribunales y revisar los criterios cuestionados.
Pero el anuncio no bastó. El lunes 9, al menos 50 instalaciones judiciales seguían cerradas. Los trabajadores exigían que los compromisos quedaran formalizados.
El desenlace: el acuerdo fue abrogado
Ese mismo 9 de noviembre, el Pleno del Órgano de Administración Judicial aprobó por unanimidad el acuerdo AG-POAJ-027/2026, que abrogó el AG-POAJ-025/2026. La decisión se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con ello quedó sin efecto el procedimiento que originó la protesta. Los trabajadores anunciaron el regreso a sus actividades el martes 10 de noviembre.
¿Qué sigue?
La movilización consiguió retirar el acuerdo cuestionado, pero no eliminó las facultades del Órgano de Administración Judicial para evaluar al personal. La discusión ahora será cómo diseñar un nuevo mecanismo con criterios objetivos, reglas transparentes y garantías laborales.
El paro terminó con una victoria concreta para los trabajadores. Sin embargo, dejó pendiente una pregunta: ¿cómo evaluar el desempeño sin poner en riesgo la estabilidad ni la independencia de quienes integran la carrera judicial?
