Mejía Zayas, en su calidad de Director General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), y Monroy Gaytán, como Rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, firmaron un convenio que contenía serias irregularidades. En este acuerdo, no se garantizaron las mejores condiciones para el Estado en términos de precio, calidad, oportunidad, ni otros factores relevantes.
La universidad, que debía cumplir con el convenio, subcontrató la totalidad de los servicios a un precio inferior, lo que causó un perjuicio a la hacienda pública federal.
El Ministerio Público Federal (MPF) presentó las pruebas necesarias que demostraron el daño al patrimonio del Estado y, en consecuencia, el tribunal emitió una sentencia favorable para la reparación del daño. A pesar de la condena, a los implicados se les concedieron los sustitutivos legales establecidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando cumplan con el pago completo de la reparación.
Este fallo marca un paso más en la lucha contra la corrupción y la impunidad en México.