El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó este jueves que José Ascensión M, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, ha sido sujeto a prisión formal por su presunta implicación en el caso del narcorrancho Izaguirre.
Este caso ha generado una amplia atención debido a las acusaciones que vinculan a Murguía con actividades del crimen organizado.
Durante una conferencia de prensa, Gertz Manero detalló que, en la primera parte de la audiencia, se le decretó la prisión formal al alcalde, quien solicitó una prórroga. La audiencia continuará este viernes, donde la Fiscalía presentará las pruebas que, según el fiscal, demostrarán los criterios de responsabilidad penal en este caso.
La detención de Murguía, confirmada el pasado fin de semana, se vincula con el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, en el oeste de México. Este rancho, señalado por colectivos de buscadores de personas desaparecidas como un "campo de exterminio", ha sido objeto de controversia.
La Fiscalía, por su parte, ha desmentido dicha acusación y lo ha descrito como un "campo de adiestramiento" relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El 8 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco había denunciado el hallazgo de 400 pares de zapatos en el rancho Izaguirre, lo que según ellos evidenciaba una posible fosa común. Sin embargo, la Fiscalía ha aclarado que no existen evidencias de que el lugar haya sido utilizado como un crematorio clandestino.
El caso ha puesto nuevamente en el foco de la atención pública la grave crisis de desapariciones en México, que, según el Registro de Personas Desaparecidas, supera las 120,000 personas no localizadas desde que comenzó el registro en la década de 1960.
José M enfrenta graves cargos, incluyendo delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, que, en caso de ser comprobados, podrían significar condenas severas. El caso del narcorrancho Izaguirre sigue siendo uno de los más emblemáticos en la lucha contra el narcotráfico en Jalisco, estado que ha sido uno de los principales focos de violencia en los últimos años.
Con este proceso judicial, se espera que el gobierno mexicano dé una respuesta más contundente ante las denuncias sobre la desaparición de personas y los vínculos entre funcionarios locales y organizaciones criminales.
