GIEI: obstruye FGR indagatorias por el caso Ayotzinapa
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República, participó activamente y tenía conocimiento de los hechos respecto a la fabricación de pruebas en el basurero de Cocula, Guerrero, lugar donde supuestamente se encontraron restos óseos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y que fundamentó la "verdad histórica" presentada por la propia procuraduría, donde se explicaron los hechos del pasado 26 de septiembre del 2014.
También aseguran que algunos normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, estuvieron vivos hasta el 4 de octubre de ese año y que desde el 12 de octubre de 2014, el Ejército tuvo conocimiento del lugar del Basurero de Cocula.
"Hay conversaciones que refieren la relación entre personas de Guerreros Unidos y Marina, Semefo, diversos alcaldes, C4, policías de varias instituciones y regiones. En síntesis hay una relación cercana entre criminales y autoridades. Hay acciones coordinadas entre ellos", mencionaron.
La Marina ocultó información del caso Ayotzinapa: GIEI
El GIEI reiteró en su más reciente informe que hay registro de conversaciones entre delincuentes que hablaban de relaciones con el Ejército, la Marina.
Al presentar el IV informe sobre el caso, los integrantes del GIEI dijeron que el exprocurador arribó al depósito de desechos el 26 de octubre del 2014, a las 08:31 de la mañana, de acuerdo con información de un dron que sobrevoló el terreno.
"Las imágenes de estos hechos fueron tomadas con un dron de alta tecnología. Dicha información fue encontrada en un archivo clasificado como secreto, propiedad de la Marina", se señaló en el informe del grupo.
Los expertos cuestionaron que el pasado 19 de agosto, fecha en la que se detuvo a Murillo Karam, se dejara de incluir elementos probatorios de su culpabilidad.
Murillo Karam sí tuvo participación directa en la construcción de la verdad histórica, estuvo presente donde se torturó a presuntos responsables para arrancarles información", aseguró Ángela Maria Buitrago, miembro del GIEI.
En el informe también se indicó que el proceso de judicialización del exprocurador fue llevado acabo, de manera errónea, por fuera de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), quitando "competencia" a la unidad, quien se encontraba investigando y quien realmente conoce la averiguación sobre el caso.
El GIEI añadió que esta acción generó "serios riesgos en el proceso judicial", además creó limitaciones en las posibilidades de trabajo del propio grupo, que avanzó en las investigaciones hasta entregar pruebas y documentos.
Además, el GIEI indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco se encuentra "cooperando" en la investigación y que, por el contrario, la entorpece.
Francisco Cox, integrante de GIEI, señaló que desde que se conformó la UEILCA se observó que existieron obstáculos iniciales para el cumplimiento de su objetivo, algunos de ellos interpuestos por el propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Durante la conferencia, Ángela María Buitrago dijo que la relación entre el fiscal general y los investigadores del GIEI, en la actualidad, es inexistente.
"Sólo una vez nos reunimos, al inicio de la investigación", señaló.
En el cuarto informe del GIEI, se detalló, además, que el pasado 16 de agosto se infiltró a una agente del Ministerio Público dentro de la UEILCA, con el argumento de "atender las necesidades del servicio".
En el documento se añadió que un día después de su inclusión a la unidad y un día antes a la publicación del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso, la funcionaria mencionada tomó el control de la carpeta de investigación del caso y decidió solicitar la orden de aprehensión del exprocurador Karam, sin consideración de los tiempos y opinión de la UEILCA.
"La decisión de solicitar la orden de aprehensión con esa premura y falta de conocimiento del caso fue tomada por las más altas autoridades de la institución, pasando por alto lo dispuesto en el artículo cuarto de la UEILCA, que establece que es facultad del titular de la UEILCA tomar esas decisiones", indicó el informe.
"Estas preocupaciones fueron motivo de petición de una reunión con el fiscal general (...) Las consecuencias de haberse metido en las facultades y actuación del titular de la UEILCA por parte del fiscal Gertz Manero, afectan el futuro del caso", añadió la UEILCA.
Ejército niega datos
El grupo de expertos independientes denunció que el Ejército mexicano se niega a proporcionar toda su información de inteligencia sobre el tema.
A través de intervenciones telefónicas, el Ejército tuvo conocimiento de los pasos de los jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la que fueron vistos por última vez en Iguala, Guerrero, aseguraron.
Hasta el momento los accesos a los archivos militares ordenados por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "han sido parciales", dijo Ángela Buitrago.
"Cuando tengamos el texto completo de esas comunicaciones sabremos más, el paradero de los estudiantes y la forma en que fueron trasladados", añadió.
Reportan filtración de informes de la Sedena
Miles de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habrían sido extraídos ilegalmente por parte de piratas informáticos.
El acto habría sido cometido por el grupo de hackers internacionales denominado como Guacamayas y serían unos 6 terabytes de información los extraídos de manera ilegal por el grupo.
De acuerdo con el portal Latinus, entre la información robada por el grupo de hackers habría datos relacionados con el caso de la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Joaquín Guzmán, el Chapo, caso conocido como "culiacanazo".
También se habría filtrado información sobre contratos; disputas entre los titulares del Ejército, Luis Cresencio Sandoval y el de la Marina, Rafael Ojeda, por la seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México.
El 28 de enero de 2015 la entonces Procuraduría General de la República publicó su versión sobre la desaparición de los estudiantes en la que aseguraron que habían sido llevados a dicho basurero; sin embargo, esa versión fue desmentida por las investigaciones de este Grupo de Expertos independientes. Los hallazgos presentados este lunes terminan por desmentir esa versión.
Un mes después de la noche en la que los alumnos de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos, el 27 de octubre, agentes del gobierno federal aseguraron que habían encontrado restos óseos en el basurero cercano del municipio de Cocula; sin embargo, las averiguaciones del grupo de expertos determinaron que hubo presencia de diversas personas horas antes al hallazgo reportado por la PGR, momentos durante los cuales prepararon una escena del crimen ficticia. En el video publicado este martes se observa la intervención en la zona de más de 40 personas que recorren el basurero de Cocula desde las seis y media hasta las once de la mañana de ese día.