Gobierno de Trump insiste en eliminar el Departamento de Educación
El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este viernes un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el fin de desmantelar el Departamento de Educación, luego de que un juez federal bloqueó los despidos masivos dentro de esta institución.
Esta decisión judicial fue considerada un obstáculo importante para los planes de la actual administración.
En el documento entregado al Supremo, los abogados del Gobierno argumentaron que la resolución del juez prohíbe al Ejecutivo "despedir a cualquier persona", lo cual afecta directamente la estrategia que busca reducir drásticamente el tamaño del Departamento de Educación y reasignar sus funciones.
La polémica comenzó en mayo, cuando un juez en Boston falló a favor de una demanda presentada por una coalición de 21 estados gobernados por demócratas, la Federación Americana de Maestros y dos distritos escolares de Massachusetts. Estas entidades solicitaron frenar el decreto con el que Trump pretende eliminar por completo el Departamento de Educación.
Con el recurso presentado ahora ante el Supremo, el Gobierno busca que se anule el fallo del tribunal de menor instancia y se permita ejecutar la orden presidencial. El plan contempla el despido de cerca de la mitad del personal de la agencia, así como la transferencia inmediata de la gestión de préstamos estudiantiles y servicios de educación especial a otras dependencias.
Esta no es la primera vez que el Poder Judicial se convierte en un freno para las decisiones más polémicas del Gobierno de Trump. Ya en el pasado, cortes federales han detenido la eliminación de agencias clave y han frenado sus políticas migratorias más estrictas.
La Administración, por su parte, ha criticado abiertamente a los jueces y al sistema judicial en general, al que acusa de actuar con sesgo político. Incluso ha calificado a algunos magistrados de "activistas" y "comunistas", desatando nuevas tensiones entre el Ejecutivo y el Judicial.
Por ahora, el destino del Departamento de Educación queda en manos del máximo tribunal del país, mientras millones de estudiantes y trabajadores del sector educativo permanecen en incertidumbre sobre el futuro de una de las agencias más importantes del Gobierno federal.
