El asesinato de una maestra jubilada de 62 años que trabajaba como taxista en Veracruz ha desatado indignación nacional y renovado el llamado a combatir la extorsión, un delito que sigue creciendo en el país.
La mujer, identificada como Irma Hernández Cruz, fue secuestrada por un grupo criminal y obligada a grabar un video donde pedía a otros taxistas pagar "cuotas" a la delincuencia organizada. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida en el municipio de Álamo Temapache.
La grabación, difundida en redes sociales, mostraba a Irma arrodillada, rodeada de hombres armados, mientras advertía a sus compañeros: "Con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota o van a terminar como yo". El mensaje, claramente forzado, puso en evidencia el nivel de control que tienen algunos grupos delictivos sobre sectores como el transporte público en distintas regiones del país.
El caso ha sido abordado por el Gobierno federal, que prometió llegar hasta las últimas consecuencias. Desde Palacio Nacional se aseguró que ya se colabora con la Fiscalía de Veracruz y con la gobernadora del estado para esclarecer el crimen y garantizar que no haya impunidad. "Es lamentable que esto ocurra", señaló la presidenta, quien reiteró que se trabaja todos los días para erradicar delitos como la extorsión.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se reportaron 10,804 víctimas de extorsión en México. Solo en enero de 2025, el promedio diario alcanzó casi 30 víctimas por día, lo que representa un incremento del 57,62% en los últimos seis años.
Estos números reflejan un crecimiento sostenido de este delito, que afecta tanto a ciudadanos como a pequeños comerciantes y trabajadores del transporte.
El pasado 6 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en la que se reveló que ocho estados concentran el 66% de los casos registrados en todo el país. Días después, el 10 de julio, el Ejecutivo federal envió una reforma constitucional al Congreso para homologar las penas por extorsión en las 32 entidades del país.
Autoridades federales aseguran que seguirán con operativos coordinados con gobiernos estatales, como el que se realizó recientemente en el Estado de México, donde también se reportan altos niveles de este delito. La prioridad, subrayan, es frenar el avance del crimen organizado y proteger a quienes, como Irma, buscan ganarse la vida honestamente.
El asesinato de esta mujer ha puesto un rostro al drama de miles de personas que son víctimas de extorsión en México. Su caso recuerda la urgencia de actuar con firmeza ante un delito que ya no solo golpea las finanzas de los ciudadanos, sino que pone en riesgo sus vidas.