La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro este viernes que su administración no encubrirá a ninguna persona implicada en la operación de una refinería clandestina recientemente descubierta en Coatzacoalcos, Veracruz
Subrayó que las investigaciones sobre el caso avanzarán sin restricciones y llegarán hasta las últimas consecuencias, sin importar quiénes resulten involucrados.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la administración federal trabaja en estrecha colaboración con la Fiscalía General de la República para desarticular las redes criminales dedicadas a este delito.
Además, detalló que se han reforzado los controles en las aduanas con el objetivo de frenar la entrada irregular de combustibles, una práctica que en ocasiones se realizaba mediante permisos temporales para importar diésel bajo la etiqueta de nafta, permisos que ya han sido eliminados.
"Nosotros no vamos a proteger a nadie, número uno", enfatizó Sheinbaum cuando se le preguntó si las indagaciones podrían alcanzar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex)
La presidenta también destacó la complejidad técnica que implica operar una refinería clandestina, señalando que se requieren conocimientos especializados, como los que poseen los ingenieros químicos.
"Pueden trabajar en Pemex o no", puntualizó, dejando abierta la posibilidad de que los responsables tengan o no vínculos con la empresa estatal. Sin embargo, insistió en que la investigación será la que determine la identidad de los implicados y sus conexiones.
Sheinbaum recalcó que no habrá impunidad para quienes hayan participado en actividades ilícitas relacionadas con la venta de combustibles
El hallazgo de esta refinería ilegal, desmantelada el martes por autoridades federales, reveló la magnitud del problema: se aseguraron más de 500 mil litros de crudo y se confiscaron instalaciones empleadas para la producción ilícita de diésel.
Dicho espacio tenía como objetivo operar como un lugar de tratamiento y procesamiento de materiales peligrosos, que aunque inició el trámite para obtener el permiso y normas regulatorias, tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal, como la Secretaría de Medio Ambiente estatal, rechazaron el proyecto.
Ambas dependencias argumentaron que la solicitud no contaba con el sustento necesario, ni tampoco con las características para funcionar como Unidad de Gestión Ambiental.