Grupo Salinas debe 74 mil millones, según Hacienda
El Gobierno de México acusó a Grupo Salinas de mantener una deuda fiscal acumulada de 74 mil millones de pesos, correspondiente a 32 juicios que se han prolongado durante 16 años.
La Procuraduría Fiscal de la Federación, a través de su titular Grisel Galeano García, denunció que la empresa ha interpuesto múltiples amparos para retrasar los procesos legales y evitar el pago de impuestos.
La funcionaria señaló que existe un "modus operandi" que ha impedido que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recupere los recursos, y advirtió que algunos jueces habrían incumplido su deber al no resolver los casos con imparcialidad. "Hay juzgadores que han evadido su obligación con la justicia", dijo Galeano.
En ese sentido, hizo un llamado a que la justicia sea pronta, imparcial y expedita, y expresó su confianza en que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atiendan el caso con objetividad. "Tenemos mucha fe y mucha confianza en nuestros nuevos juzgadores", afirmó.
La deuda en litigio se encuentra repartida en distintos niveles del sistema judicial. Según explicó la procuradora fiscal, más de 26 mil millones de pesos corresponden a juicios en la Suprema Corte; más de 20 mil millones, a cinco juicios en tribunales colegiados de circuito; y 8 mil millones, a 11 juicios en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que representa la primera instancia antes de llegar a los tribunales superiores.
Además, existen 13 juicios adicionales en proceso dentro del SAT, con un monto que suma 20 mil millones de pesos. Todas estas cantidades acumuladas forman el total que el Gobierno reclama a Grupo Salinas, propietario de empresas como Elektra y Banco Azteca.
Galeano reiteró que el objetivo es combatir prácticas que atentan contra la Constitución, la justicia y el bienestar del pueblo de México. "Insistimos que tenemos que luchar contra estas prácticas", enfatizó.
Hasta el momento, Grupo Salinas no ha emitido una respuesta pública sobre los señalamientos del Gobierno, aunque en ocasiones anteriores ha defendido su postura señalando que los litigios están en curso y que actuará conforme a derecho. El caso se perfila como una prueba clave para la nueva integración de la Suprema Corte.
