La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que Grupo Tomza, al que pertenece la empresa Gas Silza, propietaria de la pipa que explotó el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, acumula 32 expedientes administrativos.
De estos, dos han derivado en multas que superan los 160 millones de pesos.
"De manera particular en el caso del Grupo Tomza, dos de ellos ya han sido multados por un poco más de 160 millones de pesos", detalló Armando Ocampo Zambrano, director ejecutivo de la ASEA, durante una conferencia matutina.
El funcionario explicó que las inspecciones a las empresas del sector se realizan de manera permanente y que, en diversos casos, han derivado en sanciones económicas y clausuras. Los dos expedientes con multas millonarias se encuentran actualmente en proceso de resolución en el Poder Judicial federal.
La explosión de la pipa de Silza en el Puente de la Concordia dejó un saldo trágico de 31 personas fallecidas y decenas de heridos, un incidente que continúa generando atención y cuestionamientos sobre la seguridad en el transporte de gas.
En cuanto a las acciones legales, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján informó que hay una sola carpeta de investigación abierta por el caso y que se han presentado 75 querellas formales. La fiscalía cuenta con 74 asesores jurídicos para apoyar a las víctimas y sus familiares que aceptaron esta representación.
Alcalde Luján precisó que las víctimas tienen derecho a representación jurídica gratuita, pero también pueden optar por abogados privados si así lo desean. "Estamos brindando ese servicio para que, a la hora de la reparación del daño, el monto total pueda ir a las familias. Ellos tienen derecho también a representación privada sin que se les trate de manera distinta", aseguró.
El seguimiento a este caso evidencia la magnitud del accidente y la atención que las autoridades han dado tanto a las sanciones administrativas como al acompañamiento legal de las víctimas, en un proceso que todavía se encuentra en desarrollo.
La ASEA y la Fiscalía General de la Ciudad de México continúan trabajando en paralelo para garantizar que se cumplan las responsabilidades legales y que las familias afectadas reciban apoyo integral tras la tragedia del Puente de la Concordia.