Hallan muerto a capitán de la Semar implicado en “huachicol fiscal”
CDMX
Fecha: 08-09-2025
El capitán de navío y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, fue hallado muerto en sus oficinas este lunes 8 de septiembre luego de que fuera mencionado por el exdirector de Aduanas de Tampico por presuntos sobornos en una red de huachicol fiscal.
Pérez Ramírez, quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, fue señalado por el ex director de aduanas de Tampico de haber recibido presuntamente sobornos de 100 mil pesos, como parte de la red de huachicol fiscal, encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.
El capitán de Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, era investigado por el caso, pero todavía no contaba con una orden de aprehensión.
De acuerdo con el testimonio del ex director de la aduana de Tampico, por cada barco que atracaba en la aduana recibía la cantidad de un millón 750 mil pesos; dinero que era repartido entre el personal aduanal y de Marina para garantizar su colaboración.
Personal de la Unidad naval de protección portuaria (UNAPROP) recibía 250 mil pesos; Claudio Estudillo Villalobos, subdirector de operaciones de aduana de Tampico, 200 mil pesos; capitán Sergio Varela, subdirector de Vigilancia y Control, 125 mil pesos.
Perla Elizabeth Castro Sánchez, jefa de departamento y operaciones, 125 mil pesos; Endira Xóchitl Palomo Chávez, jefe de Departamento de Recintos Fiscales, 125 mil pesos; Ismaerl Ricaño Matías y Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez, verificadores, cien mil pesos cada uno; Raúl Mendoza, jefe de Departamento de Módulos, 125 mil pesos; modulador cien mil pesos; los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Raúl Tavera González, cien mil pesos cada uno.
Semar emitió un comunicado sobre la muerte del funcionario
"La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos, en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley corresponden. Asimismo, se reitera la colaboración con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos."
Una compleja red de corrupción dedicada al contrabando de combustible en la aduana de Tampico, Tamaulipas, quedó al descubierto gracias a la confesión de su exdirector, ahora testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).
La información fue publicada por los diarios Milenio y Reforma, que detallan un entramado de sobornos millonarios con presunta participación de altos mandos de la Marina y funcionarios aduanales.
La organización detrás del fraude
De acuerdo con los reportes, el testigo identificado como "Santo" señaló que la operación era controlada por la organización "Los Primos", encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
La red operó durante casi dos años, permitiendo el atraque de buques con millones de litros de combustible ilegal.
Sobornos y cargamentos falsos
Milenio reveló que por cada barco se pagaba una "cuota" de un millón 750 mil pesos, dinero que se distribuía en sobornos.
Para ocultar la operación, los manifiestos de carga eran alterados y se declaraba que los navíos transportaban "aditivos para aceites lubricantes a granel".
Identidad del testigo protegido
El diario Reforma identificó al colaborador como el Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien dirigió la aduana de Tampico entre 2023 y 2025.
Según su testimonio ante la FGR, permitió personalmente el desembarco de 14 buques cargados con combustible ilegal entre abril de 2024 y enero de 2025, recibiendo 24 millones 500 mil pesos en sobornos.
Reparto desigual de ganancias
De esos recursos, Torres Joaquín aseguró quedarse con un millón 420 mil pesos por cada embarcación, mientras que solo una fracción era distribuida entre seis subordinados, pese a que el dinero estaba destinado a doce personas.
El intermediario en la entrega era el Capitán de Corbeta Retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, alias "NK", actualmente prófugo.
