Humanismo en retroceso

"Gobernaremos con la máxima del Humanismo Mexicano, por el bien de todos, primero los pobres. (?) Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México".

Esto fue parte del discurso de arranque de campaña de Claudia Sheinbaum Pardo en 2024, eran de hecho los puntos dos y cuatro de sus cien compromisos.

Al cumplirse dos años de su gobierno, el llamado "humanismo mexicano", parece ir en contra de esos principios y defensa de libertades.

La autonombrada cuarta transformación dijo que recuperaría la capacidad del Estado que fue entregada a particulares por los gobiernos que llaman neoliberales, pero en realidad impulsó reformas que limitan el ejercicio de libertades y contravienen las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

"Sin embargo, hay una tensión entre lo que se podría entender recuperar la capacidad del Estado frente a la concentración del poder estatal dentro de un discurso anti neoliberal. Y en ese sentido lo que vemos es que estas reformas se pueden analizar desde esa tensión y cómo en vez de fortalecer el Estado propiamente que, como bien te digo, es un fin legítimo, Lo que vemos es una reducción en consecuencia de los contrapesos y una concentración del poder por el partido actual de gobierno", asegura Mario Hurtado, defensor de derechos humanos e integrante del Espacio OSC, que aglutina a diversas organizaciones de la sociedad civil.

"Eso pasa cuando no hay un equilibrio en los poderes. Las reformas pasan directito, se pueden detener ante el cuestionamiento y las preguntas de los especialistas de los académicos, de los periodistas, de las organizaciones, pero eso no significa que se van a detener", agrega Balbina Flores Martínez, representante en México de la organización francesa Reporteros sin fronteras (RSF).

¿Dónde comenzó la historia?

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó la desaparición de los órganos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) y ampliaron las causales para declarar la reserva de información y apostaron por la opacidad en el gasto público.

Pero el ex presidente quiso ir más allá y también impulsó otras reformas constitucionales que en su momento no prosperaron, pero que se concretaron con Sheinbaum tras las elecciones federales de 2024.

De hecho, la administración actual heredó todo un paquete de reformas.

Y con el respaldo de sus bancadas en el Congreso, aprobó reformas regresivas que vulneran derechos humanos.

Prisión preventiva, criminalización a priori

Una de ellas fue la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Delitos como extorsión, producción, trasiego y venta de fentanilo y sus precursores, se agregaron a la lista de crímenes que implican que una persona deba enfrentar un juicio tras las rejas.

De esta manera, una persona acusada de cometer un delito grave, podría estar hasta dos años encarcelada, aunque sea inocente.

Al respecto, Jorge Ruiz del Ángel, abogado especializado en derechos humanos, destaca que en sí misma la prisión preventiva es contraria a las buenas prácticas internacionales y un derecho fundamental que es la presunción de inocencia.

"Estoy en contra de utilizarla como un elemento a priori y no como un elemento que debe estar permeado con presupuestos del debido de con un estricto respeto al debido proceso legal, entre ellos la presunción de inocencia, como tú lo acabas de comentar".

El especialista, quien fue titular de Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue enfático al asegurar que esta reforma es ejemplo de una mala práctica legislativa que obedeció a intereses de Estado.

"La prisión preventiva oficiosa se tiene que descartar de acuerdo a estándares internacionales porque ya lo dijo la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) en diversas en un par de sentencias en contra de México porque justamente se vulneran lo que tú comentas, la presunción de inocencia, el derecho a a un juicio justo con las debidas garantías, la utilización de la prisión como último recurso es equivalente su utilización es equivalente a una sentencia".

El encarcelamiento sin sentencia es ya una violación a derechos humanos y, de acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del INEGI, al 31 de diciembre de 2025, había 231 mil 436 personas privadas de la libertad en México, de las cuáles, 48 mil 678 (una de cada cinco), estaban encarceladas bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, es decir, sin sentencia.

Además, está documentado que esta medida cautelar se usa en exceso, como en el estado de Sonora, donde 31 por ciento de presos la enfrenta, en Michoacán y Puebla es el 32 por ciento, y el caso más relevante es Jalisco, donde 46 por ciento de la población carcelaria está en prisión sin haber recibido sentencia.

También hay estados en los que no se ha transparentado esta información, como en la Ciudad de México, donde no se puede saber cuántas personas privadas de la libertad se encuentran bajo qué medida cautelar.

Lo único que el sistema penitenciario de la capital informa de sus 13 prisiones es que solamente hay 69 personas encarceladas.

Amparo debilitado

Otra reforma retrógrada se aplicó a la ley de amparo, con la cual se impusieron restricciones al ejercicio de un derecho constitucional, y modelo de justicia que México regaló al mundo a mediados del siglo XIX.

En pocas palabras: un retroceso al derecho de acceso a la justicia?como advierte Ruiz del Ángel.

"Me parece que un mandamiento que viene plasmado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es que hace alusión a que todos los estados deben de contar con un recurso rápido, eh sencillo, eficaz, idóneo para remediar la situación donde la don donde los derechos de las personas se vean afectadas o afectados".

El fondo de esta reforma definitivamente tampoco fue el "humanismo mexicano" que prometieron, sino todo lo contrario, se hizo para impedir que pueblos y organizaciones se ampararan para detener los megaproyectos del gobierno, como advierte Edgar Cortez, abogado y defensor de derechos humanos.

"Esta idea de que el gobierno quiere hacer estos proyectos que discursivamente se plantean como desarrollo y que en consecuencia no quieren tener ningún obstáculo para poderlos aplicar y despojar del recurso a las comunidades, que en un momento dado les permita defenderse ante estos megaproyectos".

Una contradicción que termina empoderando al Estado.

"Esta reforma está en favor de la autoridad y no en favor de los ciudadanos, de las personas y esto es lamentable, porque el amparo en el origen tenía el espíritu de ser un recurso jurídico que permitiera a los más débiles, enfrentarse en ciertas condiciones, que le permitieran éxito en su reclamación", agrega Edgar Cortez

"En esa recuperación de capacidad del Estado lo que terminas es concentrando el poder y mermando la capacidad de la sociedad civil de cuestionar y criticar o en el caso del amparo de participar de manera activa por legitimación de otras afectaciones", agrega Mario Hurtado, del Espacio OSC.

Esta manera de acotar el derecho de amparo, termina desprotegiendo a las personas, todo lo contrario a su espíritu, como advierte la abogada especialista en amparo, Carla Erika Ureña.

"Es regresivo, es nocivo para la defensa de nuestros derechos; creo que está directamente encaminada a eliminar toda posibilidad que de los ciudadanos nos podamos proteger contra los actos y decisiones del gobierno".

Amenazas a la libertad de expresión

Pero eso no es todo, existe otro paquete de reformas recientes que amenaza el derecho a la libertad de expresión bajo el argumento de recuperar la rectoría del Estado.

A mediados de 2026, el Congreso, con mayoría del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, aprobaron reformas a diversas leyes para obligar a empresas de telecomunicaciones a contar con la figura de la defensoría de las audiencias y a tener códigos de ética.

Si bien reconoce la importancia de defender derechos del público: radio escuchas y televidentes, la imposición de códigos deontológicos trastoca los principios internacionales de autorregulación.

De nuevo, dicen especialistas, es la imposición de normas restrictivas al amparo de la recuperación del Estado.

Así lo dice Mario Hurtado, del Espacio OSC.

"Lo que vemos es una concentración del poder, pero que no equilibra, como bien tú señalas, el tema de ejercicio de derechos, como cuáles, el tema del acceso a la información, como el tema de pues opinar libremente o cuestionar determinadas políticas públicas".

"Pues las leyes ya están, o sea, no se van a echar para atrás, al menos se tardarán porque seguramente puede haber algún recurso de revisión ante la corte, pero fuera de eso no se van a detener, no van a retroceder, fueron aprobadas ya en la Cámara, fueron aprobadas en el Senado, y no van a echarlas para atrás", agrega Balbina Flores de RSF.

Vistas en su conjunto, las reformas impulsadas por el que presume ser un gobierno humanista, debilitan la democracia y vulneran derechos humanos.

"Bueno, teóricamente sí se puede llamar una erosión democrática donde si bien por la recuperación de las capacidades del estado, se puede haber un debilitamiento gradual de garantías, controles y mecanismos de rendición de cuentas, mediante decisiones que son formalmente legales. Todas las decisiones que se están tomando son formalmente legales, están pasando a través de un Congreso, pero en esa lógica de concentración de poder está debilitando las garantías básicas y controles que conocíamos en términos de contrapeso", remata Hurtado.