Illinois demanda a Trump por el despliegue de 400 soldados en Chicago

El Gobierno de Illinois presentó este lunes una demanda federal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que la Casa Blanca ordenara el despliegue de 400 elementos de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago sin el consentimiento del estado.

La demanda del fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, argumenta que el Gobierno de Trump "ha excedido su autoridad" porque "no existe ninguno de los requerimientos legales que justifiquen la federalización y despliegue de la Guardia Nacional", como una invasión, una rebelión o la falta de aplicación de la ley federal.

La administración estatal, acusa al mandatario republicano de violar la Constitución al intervenir en jurisdicciones locales sin autorización, argumentando que la medida representa un "grave abuso de poder" y una "intromisión en la soberanía estatal".

"Esta acción es ilegal e inconstitucional. El presidente no puede enviar tropas a nuestras calles sin la solicitud o el consentimiento del gobierno estatal. Illinois no tolerará la militarización de nuestras comunidades", dijo el gobernador de Illinois JB Pritzker en conferencia de prensa.

El recurso legal, que también incluye al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se presentó ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, estado donde cerca del 15 por ciento de la población es inmigrante, incluyendo más de 527 mil indocumentados, según el American Immigration Council.

El despliegue, anunciado por Trump la semana pasada, fue justificado por la Casa Blanca como una medida para "restablecer el orden" ante el aumento de la violencia armada y los disturbios en algunos barrios de Chicago. Sin embargo, las autoridades locales sostienen que la situación está bajo control y que la intervención federal solo agrava las tensiones.

La demanda, presentada ante un tribunal del Distrito Norte de Illinois, solicita la retirada inmediata de las tropas y busca establecer un precedente que limite el poder presidencial para movilizar fuerzas federales en territorio estatal sin consentimiento.

Este nuevo enfrentamiento legal profundiza el conflicto entre el gobierno de Trump y varios estados gobernados por demócratas, que lo acusan de utilizar a las fuerzas armadas con fines políticos y electorales.

El Departamento de Justicia aún no ha respondido oficialmente a la demanda, pero un portavoz de la Casa Blanca defendió la decisión del presidente, asegurando que "la prioridad de Trump es proteger a los ciudadanos estadounidenses cuando sus líderes locales no lo hacen".

La disputa promete escalar en los tribunales y podría reavivar el debate nacional sobre los límites del poder federal frente a la autonomía de los estados.