Cinco funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) ya fueron imputados por presuntas faltas administrativas graves relacionadas con conflictos de interés y posibles irregularidades en la adjudicación de contratos. Las investigaciones también apuntan a una presunta red de cinco empresas que habría concentrado contratos por más de 2 mil 461 millones de pesos en el suministro de material electoral durante los últimos 11 años.
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, dio a conocer los avances durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, donde advirtió sobre posibles prácticas que habrían afectado la competencia en las contrataciones del organismo.
Cinco funcionarios ya fueron imputados
De acuerdo con el responsable del OIC, actualmente existen 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en los procesos de contratación del instituto.
De estos, 13 permanecen en etapa de investigación, mientras que cinco ya derivaron en procedimientos de responsabilidad administrativa, luego de que se notificara formalmente a los servidores públicos involucrados.
Carvente Contreras explicó que las presuntas faltas graves están relacionadas principalmente con actuaciones bajo posibles conflictos de interés y el ocultamiento de esas condiciones.
Aunque confirmó que ya se realizaron las imputaciones y comenzaron las notificaciones para las audiencias correspondientes, evitó revelar los nombres de los funcionarios, los números de expediente y las pruebas recabadas, debido a que los procedimientos siguen en curso.
El funcionario aseguró que las irregularidades que recientemente fueron difundidas en medios de comunicación ya habían sido detectadas por el área de auditoría del propio instituto.
Cinco empresas habrían concentrado 2 mil 461 millones de pesos
Uno de los señalamientos más relevantes apunta a una presunta red de cinco empresas proveedoras de material electoral que, entre 2014 y 2025, habrían obtenido contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos.
Las compañías señaladas son:
Según las investigaciones del Órgano Interno de Control, estas empresas tendrían vínculos entre sí mediante socios, apoderados y representantes legales que aparecen en distintas compañías.
Esta estructura habría permitido simular competencia en los procedimientos de contratación, principalmente ante los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Cajas Graf, con más de mil millones de contratos
Dentro del grupo empresarial señalado, destaca Cajas Graf, compañía que habría concentrado alrededor de mil 72 millones 876 mil pesos en adjudicaciones.
Durante la comparecencia también fue mencionado José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con distintas empresas proveedoras de material electoral y señalado por sus vínculos empresariales con integrantes de este grupo.
Carvente Contreras advirtió que la concentración de contratos habría perjudicado las condiciones de competencia y provocado posibles incrementos artificiales en los precios de los materiales electorales.
Investigaciones apuntan a problemas históricos en el INE
El titular del Órgano Interno de Control aclaró que los expedientes no corresponden únicamente a hechos ocurridos durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó la presidencia del INE, sino que abarcan prácticas que calificó como problemas históricos y estructurales en la contratación de material electoral.
Por ahora, los cinco procedimientos de responsabilidad administrativa continúan su curso y será hasta que concluyan cuando puedan conocerse sus resultados definitivos y las posibles sanciones para los servidores públicos involucrados.