Los pueblos indígenas mayas de la Península de Yucatán, situada en el sureste mexicano, continúan enfrentando la pérdida ilegal de sus territorios, un problema que se remonta a más de un siglo y medio atrás
Esta situación tiene raíces profundas en la desigualdad social y la explotación que han sufrido desde la Guerra de Castas, un levantamiento armado de 1847 que duró hasta 1901, donde las comunidades mayas se levantaron contra los criollos y mestizos debido a los abusos y el despojo de sus tierras.
A pesar del tiempo transcurrido, las injusticias en cuanto a la propiedad y el uso de la tierra persisten en la región.
Un ejemplo emblemático de esta situación ocurre en Sahcabá, una comisaría del municipio de Hocabá, donde 371 campesinos han enfrentado un litigio que lleva siete años.
Presentaron documentos oficiales que acreditan la propiedad de sus tierras, pero, aun así, han sido acusados por empresarios de haber "despojado" 120 hectáreas que, en realidad, les pertenecen
Simón Ku Ek, excomisario de Sahcabá Santos, denunció que los empresarios están intentando apropiarse de estas tierras y que, pese a contar con una sentencia favorable emanada del Tribunal Unitario Agrario, los opositores han interpuesto recursos legales que prolongan el conflicto y obstaculizan que los campesinos puedan cultivarlas.
El problema no es exclusivo de esta área. En Mérida, capital del estado de Yucatán, unas 340 personas del ejido Cinco Colonias han interpuesto una demanda desde hace cinco años debido a la usurpación de 18 hectáreas.
Además, persiste la deuda pendiente de indemnización por la expropiación de 204 hectáreas usadas para la construcción del aeropuerto local.
Faustino Mena Crespo, comisario del ejido, expresó su esperanza de que tanto las autoridades estatales como federales, encabezadas por el gobernador Joaquín Díaz Mena y la presidenta Claudia Sheinbaum, atiendan estas reclamaciones. Incluso mencionó que, durante la visita de la mandataria a Mérida, le entregaron copias de las denuncias relacionadas con lotes irregulares promovidos por el Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY), que autorizó escrituras sobre terrenos ya propiedad de los campesinos mayas en la colonia Roble Alborada.
Desde una perspectiva legal, el abogado Luis Antonio López señala que no sólo en Mérida y Sahcabá, sino también en comunas como Conkal y Ucú, así como en zonas costeras de la Península, las denuncias por despojo de tierras se repiten año con año
Destaca el aprovechamiento de personas externas a las comunidades mayas, incluyendo empresarios, quienes explotan la falta de información y recursos de los indígenas para comprar grandes extensiones de tierra a precios muy bajos, solo para revenderlos posteriormente a un costo mucho mayor.
Según López, estas prácticas, facilitadas por vacíos legales dentro de la Ley Agraria, están contribuyendo a la desaparición progresiva de las tierras ancestrales en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, con la pasividad o complicidad de las autoridades encargadas.
Con información de EFE