INM: la crisis migratoria que no cambió

Tras la tragedia de Ciudad Juárez, México prometió estaciones migratorias más humanas; dos años después, denuncias, hacinamiento extremo y rezagos burocráticos muestran un sistema rebasado.

El 27 de marzo de 2023, cuarenta personas murieron atrapadas detrás de unas rejas en una estación migratoria de Ciudad Juárez. El fuego encontró un lugar donde miles de personas habían llegado buscando una salida: un espacio que debía ser administrativo terminó convertido en escenario de una tragedia.

La imagen de los barrotes quedó asociada a una falla profunda del sistema migratorio mexicano. La respuesta oficial fue inmediata: cambiar el rostro de las estaciones migratorias. Desaparecieron algunas estructuras metálicas y fueron sustituidas por paneles de acrílico translúcido. El mensaje gubernamental era claro: dejar atrás la lógica de encierro y avanzar hacia un modelo basado en la protección de derechos.

"La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido firme y clara al definir el rumbo que debe seguir la política migratoria de nuestro país. Avanzar hacia un enfoque auténticamente humanista que garantice una movilidad regular, ordenada, segura y humana", señaló Sergio Salomón Céspedes, director del Instituto Nacional de Migración.

Pero detrás del acrílico, los datos muestran otra realidad. Las denuncias por presuntos abusos, la saturación de estaciones, los retrasos para obtener documentos y miles de personas atrapadas en la informalidad revelan que el cambio más visible ocurrió en la infraestructura, no necesariamente en la operación cotidiana del sistema.

Una promesa de protección frente a una realidad de incertidumbre

Para quienes ingresan a las estaciones migratorias, la diferencia entre un procedimiento administrativo y una experiencia de encierro puede depender de una decisión institucional: tener información, acceso a documentos, comunicación con familiares y una resolución sobre su situación legal.

Renier Martínez salió de Cuba en 2023, en medio de una crisis económica y energética en la isla. Su objetivo era encontrar una oportunidad de regularización en México. Sin embargo, relata que su paso por el Instituto Nacional de Migración terminó en una experiencia distinta a la que esperaba.

"Me procesaron, me mantuvieron ahí cautivo, dos días y medio", denunció.

Según su testimonio, él y otros ciudadanos cubanos recibieron promesas de apoyo para regularizar su situación migratoria.

"Nos prometían que nos iban a hacer un trámite migratorio para estar legal en México", explicó.

Renier asegura que, junto con más de 80 compatriotas, recibió información que posteriormente no correspondió con lo ocurrido.

"Nos prometían que nos iba a ir bien, que íbamos a estar bien, que no nos iba a pasar nada, que nosotros íbamos a salir libres con un salvoconducto", relató.

El migrante cubano sostiene que posteriormente fueron trasladados sin conocer con claridad el contenido de los documentos que habían firmado.

"Papeles que nosotros leímos y que nunca mencionaban nada de deportación", afirmó.

Horas después, según su relato, fueron trasladados durante la madrugada.

"Nos pasan a otra sala, en esa sala nos reciben personas uniformadas, armadas y encapuchadas".

Después, asegura, fueron llevados en autobuses hasta el aeropuerto de Tapachula.

"Y cuando miramos estábamos en el aeropuerto de Tapachula".

Su caso forma parte de una problemática más amplia: la relación entre el crecimiento de los flujos migratorios, la capacidad institucional y los mecanismos de control dentro del sistema mexicano.

Más de 7 mil 500 denuncias: el historial que acompaña al INM

Las cifras oficiales muestran que la crisis del Instituto Nacional de Migración no comenzó con la tragedia de Ciudad Juárez.

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Función Pública citadas en esta investigación, entre 2018 y 2025 el organismo acumuló más de 7 mil 500 denuncias ciudadanas por presuntos actos de cohecho, extorsión y maltrato físico.

Ese historial obligó a crear mecanismos internos de vigilancia. La actual administración del instituto informó la conformación de una contraloría interna de derechos humanos como una herramienta para modificar las prácticas del personal operativo.

"Nosotros en esta actual administración y siguiendo la instrucción de tener un Instituto Nacional de Migración con una visión humanista hemos dado paso para conformar una contraloría interna de derechos humanos", afirmó Sergio Salomón Céspedes.

Sin embargo, según los datos incorporados en esta investigación, la respuesta institucional ha tenido un alcance limitado frente al número de denuncias acumuladas: el porcentaje de agentes sancionados con destitución apenas supera el 4 por ciento.

La diferencia entre el número de denuncias y las sanciones efectivas plantea una pregunta central: ¿el problema está concentrado en conductas individuales o existe una falla estructural en los mecanismos de supervisión? 

El problema detrás de las estaciones: la saturación

La crisis también tiene una dimensión física.

El propio Instituto Nacional de Migración reconoce que varias estaciones operan bajo condiciones de sobreocupación. Los datos revisados para esta investigación muestran que al menos 25 estaciones migratorias enfrentan esquemas de sobrepoblación extrema.

Algunos casos muestran niveles que rebasan cualquier capacidad operativa.

• En 2024, la estación migratoria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegó a operar al 28 mil 441 por ciento de su capacidad, según los datos señalados en la investigación.
• Mazatlán registró una sobrepoblación del 7 mil 500 por ciento en enero de ese año.
• Tijuana alcanzó el 3 mil 409 por ciento en febrero.

La saturación convierte las estaciones migratorias en espacios donde aumentan los riesgos de conflicto, falta de atención adecuada y pérdida de control operativo.

"La situación en las estaciones migratorias del país como esta es crítica. En los últimos años se han registrado 38 motines y tres incendios, y desafortunadamente 55 migrantes han fallecido al interior de espacios como este", señala esta investigación.

La tragedia de Ciudad Juárez no fue un hecho aislado dentro de un sistema bajo presión. Fue el episodio más visible de una cadena de problemas acumulados.

El otro lado del encierro: quienes quedan fuera del sistema

Pero la crisis no termina dentro de las estaciones migratorias.

Quienes evitan ser ingresados a estos espacios enfrentan otro tipo de vulnerabilidad: la espera prolongada sin documentos, sin empleo formal y sin garantías de integración.

Jorge Andrade, investigador y defensor de derechos humanos, advierte que los albergues que reciben a personas migrantes también están saturados.

"Los albergues, casas de apoyo, a donde estas personas llegan están saturadas", señaló.

Esa falta de capacidad, explica, deja a muchas personas expuestas a otros riesgos.

"Lo que ha implicado que estén a merced de la delincuencia organizada como ha sido documentado, principalmente en Tamaulipas".

El sistema enfrenta así una paradoja: quienes son detenidos encuentran estaciones saturadas; quienes permanecen fuera encuentran un camino lleno de obstáculos administrativos.

La frontera sur convertida en un embudo administrativo

El problema migratorio mexicano no se concentra únicamente en las estaciones del Instituto Nacional de Migración. En la frontera sur, miles de personas quedan atrapadas durante meses en un proceso burocrático que determina su futuro, pero que no tiene la capacidad suficiente para responder a la velocidad del fenómeno.

En la última década, las solicitudes de refugio en México crecieron de manera exponencial. De acuerdo con los datos incorporados en esta investigación, aumentaron más de 10 mil por ciento, hasta alcanzar un punto máximo de 140 mil peticiones anuales en 2023.

El crecimiento de la demanda no estuvo acompañado por un fortalecimiento equivalente de las instituciones encargadas de procesarla.

Mientras los expedientes aumentaban, los recursos disponibles para atender cada solicitud disminuyeron de manera significativa. Los datos revisados muestran que el gasto promedio destinado a procesar cada caso pasó de aproximadamente 18 mil pesos por persona en 2013 a cerca de 300 pesos durante la etapa de mayor presión del sistema.

La consecuencia es un cuello de botella: personas que no pueden avanzar hacia una regularización, pero tampoco tienen una alternativa clara para continuar su camino.

"México ha incrementado sus solicitudes de refugio en un 7 mil, 8 mil por ciento", señaló Eunice Rendón, especialista en migración, seguridad y políticas públicas.

Para la especialista, el problema no sólo está en el aumento de personas que llegan al país, sino en la falta de recursos institucionales para responder.

"No tenemos, creo yo, tampoco, por parte de los legisladores el apoyo necesario para contar con presupuestos adecuados en este tipo de instancias", afirmó.

La consecuencia es una espera que puede prolongarse durante meses y que coloca a miles de personas en una zona gris: no tienen una resolución definitiva, pero tampoco condiciones para incorporarse plenamente a la sociedad mexicana.

COMAR: una institución rebasada por la demanda

En Tapachula, Chiapas, la saturación del sistema de refugio se convirtió en una crisis cotidiana.

Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, describe el impacto que tiene la falta de resoluciones rápidas.

"Tapachula no es una cárcel migratoria ni es el patio trasero de Donald Trump", señaló.

El activista sostiene que miles de personas permanecen atrapadas esperando una respuesta institucional.

"65 mil migrantes varados donde la Comar es omisa por todos lados y son los responsables directos de que haya tanto migrante. 30, 40 y hasta 50 firmas y la Comar no les resuelve", afirmó.

La falta de capacidad institucional también ha obligado a la intervención de organismos internacionales.

Según la información presentada en esta investigación, agencias de Naciones Unidas financian actualmente hasta el 40 por ciento de la operación diaria de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

La representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) plantea que una parte de la solución pasa por agilizar la entrega de documentación.

"Es esencial retomar la emisión de documentos para solicitantes de asilo para que puedan acceder al empleo formal y servicios básicos", explicó Ana Bridgette, representante de ACNUR en México.

La falta de documentos prolonga la vulnerabilidad.

"Sin documentación, los solicitantes se encuentran en una situación de muy alta vulnerabilidad durante la espera, que en este momento dura entre 8 meses y un año", señaló.

La presión de Estados Unidos y el nuevo perfil migratorio

A la crisis administrativa mexicana se suma una nueva presión: el incremento de personas retornadas desde Estados Unidos.

Entre enero de 2025 y marzo de 2026, casi 13 mil ciudadanos de terceros países fueron deportados desde Estados Unidos directamente a territorio mexicano, según los datos incluidos en esta investigación.

El grupo más afectado fueron ciudadanos cubanos.

Uno de ellos es José Antonio González. Vivió casi cuatro décadas en Estados Unidos, pero tras ser detenido y deportado terminó en Tabasco, lejos de sus redes familiares y sin una estructura de apoyo.

"Para mí ha sido un cambio drástico. Toda mi vida estuve en Estados Unidos", relató.

A su llegada a México, recibió indicaciones para presentarse ante la COMAR.

"En Tabasco nos dijeron teníamos 10 días para presentarnos en la COMAR y ahí estuve en un hotel y al otro día me vine para Cancún", explicó.

La deportación no sólo implica un cambio geográfico. También representa la pérdida de vínculos laborales, familiares y sociales construidos durante décadas.

"Claro, estoy triste. Mi mujer vino con mis hijos, estuvieron aquí dos meses, pero tuvieron que regresar por la escuela, pero los extraño", contó.

Migrantes atrapados en la informalidad

El retraso institucional modifica también el tiempo que las personas permanecen en México.

De acuerdo con datos citados en esta investigación, la proporción de migrantes que permanecen más de seis meses en territorio nacional pasó de 26 por ciento en 2024 a 77 por ciento en 2025.

El aumento del tiempo de permanencia cambia la naturaleza del fenómeno migratorio. Personas que inicialmente buscaban transitar hacia otro país terminan intentando construir una vida temporal o permanente en México.

La falta de documentación se convierte entonces en una barrera económica.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, el 68 por ciento de las personas migrantes señala la generación de ingresos como su principal necesidad en México, mientras que cerca del 40 por ciento de quienes llevan más de un mes en el país permanecen desempleadas.

Sin documentos, muchas personas recurren a la economía informal.

Es el caso de Peterson Jean y Romario Junior Numa, dos ciudadanos haitianos que llegaron a Chiapas hace más de dos años y actualmente trabajan como mototaxistas en la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México.

Peterson busca reunir recursos para traer a su familia.

"Yo tengo dos niñas, dos hijas y una mujer de Haití. Para acá yo me puedo gastar como 8,500 o 9,000 dólares para traerlas aquí", explicó.

Pero también enfrenta una barrera administrativa.

"Yo quiero buscar a un agente para que me ayude a tener mis papeles aquí. Porque si una gente no tiene un papel aquí tú no puedes hacer nada, no puedes trabajar, no puedes tener una cuenta de banco", señaló.

Romario lleva año y medio realizando firmas periódicas ante la COMAR sin obtener una resolución.

"Yo tengo como un año y medio con firmas para la COMAR, pero no tengo mi residencia", dijo.

Su petición resume la demanda de miles de personas atrapadas en el sistema:

"Yo quiero decir a migración que me ayude a sacar mi papel porque yo quiero trabajar en otro lado, de otra forma".

La promesa de justicia después de Ciudad Juárez

Después del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la exigencia de responsabilidades llegó hasta el Gobierno federal.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió castigo para los responsables.

"Decirles que no va a haber impunidad, que se va a castigar a los responsables. Y hablé con el fiscal para pedirle que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia", declaró el 30 de marzo de 2023.

Sin embargo, el proceso penal contra Francisco Garduño Yáñez, quien entonces encabezaba el Instituto Nacional de Migración, no terminó con una sentencia.

Garduño fue acusado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Al tratarse de un delito clasificado como no grave, un juez otorgó una suspensión condicional del proceso a cambio de una disculpa pública y planes de mejora en materia de protección civil.

La salida alterna extinguió la acción penal sin establecer una sentencia sobre culpabilidad o inocencia.

Garduño permaneció al frente del instituto durante la transición gubernamental y posteriormente dejó el cargo el 30 de abril de 2025. Después fue reubicado como director general en la Secretaría de Educación Pública.

¿Cambio estructural o corrección administrativa?

La actual administración del Instituto Nacional de Migración sostiene que la transformación pasa por capacitación, protocolos y vigilancia interna.

"Fortalecer de manera permanente la capacitación de nuestro personal en estándares nacionales e internacionales de protección, revisar y actualizar protocolos para que cada intervención incorpore enfoques de derechos humanos", afirmó Sergio Salomón Céspedes.

Pero especialistas advierten que el desafío supera la capacitación individual.

Eunice Rendón explica que las causas que generan la migración continúan presentes.

"Han aumentado los factores que están presentes para obligarlos a migrar. Es principalmente la inseguridad, el riesgo a perder la vida es un motivo de migración. Otros países es el régimen político, los abusos. Hay una variedad muy grande, las causas siguen ahí", señaló.

Para Aribel Contreras, internacionalista, México necesita una discusión regional más amplia.

"La apuesta debe de ser: hablar ya. Hacer una reunión, una cumbre de migración donde puedan ser abordadas diferentes perspectivas de manera multiactoral", afirmó.

El fenómeno, sostiene, requiere la participación de organismos internacionales.

"Donde se invite a la Organización Internacional de las Migraciones, pero también al Alto Comisionado de Naciones Unidas".

Detrás del cristal, la misma pregunta permanece

México cambió una parte visible de sus estaciones migratorias: los barrotes fueron sustituidos por acrílico translúcido.

Pero los datos muestran que la transformación más profunda sigue pendiente.

Un sistema con más de 7 mil 500 denuncias acumuladas, estaciones que operan con niveles extremos de sobrepoblación, solicitudes de refugio que crecieron más de 10 mil por ciento y miles de personas esperando meses por documentos revela una tensión central: la infraestructura puede modificarse más rápido que las instituciones.

La crisis migratoria no desapareció cuando cambiaron las paredes.

Permanece en los expedientes detenidos, en las personas sin documentos, en los trabajadores informales y en quienes esperan una respuesta del Estado para definir su futuro.

La pregunta ya no es sólo cómo se ven las estaciones migratorias.

La pregunta es si el sistema que opera detrás del cristal tiene realmente la capacidad para cumplir la promesa de un modelo humano.