A pocos días de que termine el 2025, el Instituto Nacional de Perinatología, mantiene un adeudo de seis millones 326 con la empresa Aseo Privado Institucional S.A. de C.V. (API), quien a pesar de haber cumplido con el servicio de limpieza en tiempo y forma, sigue sin recibir pago alguno.
Fernando Lorenzo, representante legal de la compañía, detalló que el adeudo corresponde al convenio modificatorio No. 099-5320-07/2024: "Nosotros prestamos el servicio solicitado, pero la institución suspendió los pagos correspondientes a la segunda quincena de febrero y a todo marzo".
Debido al adeudo, API enfrenta afectaciones operativas, por lo que ha interpuesto las acciones legales correspondientes para que se efectúe el pago; esperan que realmente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, cite antes de que acabe el año a la directora del INPER, Ana Cristina Arteaga Gómez, para que aclare el monto pendiente y defina el proceso para su liquidación.
"La empresa cuenta con correos electrónicos que acreditan los intentos de comunicación con el administrador del contrato por parte del INPER, pero fue hasta el 1 de octubre cuando nos informaron por escrito que habían disminuido unilateralmente el presupuesto del servicio, aun cuando este ya se había realizado. Para ellos, solo restaría cubrir menos del 20?% del requerimiento original", aseguró Fernando Lorenzo.
El responsable del atraso en los pagos sería Luis Antonio Fonseca Rodríguez, Jefe del Departamento de Servicios; entre las irregularidades detectadas se encuentra la solicitud de las listas del personal que laboró en 2024, pese a que ese servicio fue concluido y pagado.
En este sentido, el representante legal aseguró que es necesario que el equipo bajo la dirección de María de Lourdes Olmedo Cruz, titular de Administración y Finanzas del INPER, resuelva el adeudo antes del cierre fiscal, ya que está comprometiendo el pago de nómina, aguinaldos y compromisos con proveedores.
Por su parte, Gerardo López, asesor de la empresa de limpieza, señaló que prácticas como la dilación en los pagos por parte de funcionarios públicos "ponen en riesgo de quiebra a las empresas que prestan servicios al gobierno", y advirtió que este tipo de situaciones afecta la preservación de empleos en un contexto económico que requiere de liquidez.