Un juez federal del Distrito de Columbia, Rudolph Contrera, ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que no tome custodia de menores inmigrantes no acompañados para trasladarlos a centros de detención para adultos al cumplir 18 años.
La orden, emitida el sábado, responde a una moción de emergencia presentada por dos organizaciones defensoras de migrantes, el American Immigration Council y el National Immigrant Justice Center (NIJC), que argumentaron que dichos traslados son ilegales.
Estas organizaciones solicitaron que se haga cumplir una sentencia de 2021 (caso García Ramírez contra ICE), que prohíbe a las autoridades migratorias enviar a jóvenes que cumplen la mayoría de edad a cárceles para adultos.
Michelle Lapointe, directora legal del American Immigration Council, señaló que encerrar a estos jóvenes en centros del ICE con condiciones de hacinamiento y alejados de sus redes de apoyo no contribuye a la seguridad pública y puede perjudicar su bienestar.
La orden aclara que ICE no puede transferir automáticamente a los jóvenes a centros para adultos solo por cumplir 18 años.
Actualmente, los menores que ingresan sin acompañantes son alojados en refugios bajo la custodia de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y, en general, son entregados a familiares o patrocinadores autorizados en el país. Sin embargo, la administración del expresidente Donald Trump ha impuesto restricciones para estas entregas.
Mark Fleming, director asociado del NIJC, afirmó que no permitirán que el gobierno regrese a prácticas que ya fueron declaradas ilegales por tribunales.
Este fallo se suma a otros recientes contra políticas migratorias que afectan a menores. En septiembre, un juez suspendió el plan del gobierno para deportar a Guatemala a más de 300 menores no acompañados bajo custodia.
El 31 de agosto, las autoridades intentaron deportar a 76 menores que estaban a bordo de un avión hacia Guatemala, pero una orden judicial temporal detuvo la acción.
Los abogados de los menores, que tienen entre 10 y 16 años, argumentan que la administración violó el debido proceso y no respetó las protecciones especiales para menores que ingresan solos a Estados Unidos.