Libertad de expresión en riesgo, advierte colegio de abogados

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), una de las instituciones jurídicas más relevantes del país, expresó su profunda preocupación por el aumento de actos de censura y restricciones a la libertad de expresión en diversas regiones de México

Desde el uso indebido de herramientas legales para intimidar, hasta intentos más directos por silenciar voces críticas, periodistas, medios, activistas y ciudadanos enfrentan cada vez más obstáculos para expresarse con libertad.

¿Qué está ocurriendo?

De acuerdo con el comunicado firmado por Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la BMA, se han identificado patrones preocupantes como:

• Uso de procedimientos legales o administrativos para sancionar o intimidar a quienes emiten opiniones críticas.

• Intervención arbitraria de instituciones para censurar notas, reportajes o investigaciones periodísticas.

• Criminalización del derecho a opinar y denunciar, especialmente en contextos sociales o políticos sensibles.

Así mismo, presión directa o indirecta del poder hacia medios de comunicación, con el fin de limitar la cobertura libre e independiente

La libertad de expresión no es solo un derecho más; es la base de cualquier democracia funcional.

Está protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por tratados internacionales de los que México forma parte.

Cuando se ataca, se debilita también el debate público, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

La Barra advirtió que este tipo de prácticas, lejos de fortalecer el orden, ponen en riesgo el Estado Constitucional de Derecho y deterioran la convivencia democrática

Llamado a las autoridades y a la sociedad

El pronunciamiento hace un llamado enérgico a:

• Las autoridades de todos los niveles de gobierno: para que respeten y garanticen plenamente el ejercicio del derecho a expresarse libremente.

• Los organismos autónomos y al Poder Judicial: para que actúen con firmeza frente a cualquier intento de censura o persecución por motivos de opinión.

En campeche, por ejemplo, un medio denunció la imposición de un censor judicial que le prohíbe publicar contenido relacionado con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román